El debate del presupuesto revela el escaso margen para atajar la crisis

El debate en comisión del articulado de la ley de los presupuestos de la Generalitat para 2009 puso en evidencia la escasa capacidad de maniobra del Consell para paliar la situación económica actual. La socialista Cristina Moreno lamentó que la Generalitat haya elaborado "el mismo presupuesto de siempre" sin tener en cuenta "la situación económica especial, dramática para muchos". Moreno apostó por "suprimir gastos superfluos para generar 300 millones de euros" que irían destinados a "complementar" el fondo de inversión municipal aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que r...

El debate en comisión del articulado de la ley de los presupuestos de la Generalitat para 2009 puso en evidencia la escasa capacidad de maniobra del Consell para paliar la situación económica actual. La socialista Cristina Moreno lamentó que la Generalitat haya elaborado "el mismo presupuesto de siempre" sin tener en cuenta "la situación económica especial, dramática para muchos". Moreno apostó por "suprimir gastos superfluos para generar 300 millones de euros" que irían destinados a "complementar" el fondo de inversión municipal aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que representa una inyección de 864 millones de euros para las corporaciones locales valencianas. Mireia Mollà, de Compromís, reclamó la misma cantidad, pero el PP tumbó ambas peticiones.

El PP recorta de 1,6 millones a 800.000 euros la ayuda a la Casa del Mediterráneo

Una diputada de baja maternal podrá votar en los plenos desde casa

Antes de atender la réplica, Moreno avanzó los problemas del Consell para influir en la economía real: "La deuda se disparó en tiempos de bonanza y ahora no tenemos margen de maniobra, no tenemos dinero y, lo que es peor, ya no tenemos crédito".

Moreno se quedó sin repuesta en comisión. José María Olano, del PP, prefirió agarrarse al debate suscitado por la socialista Josefa Andrés en torno a los empleados mileuristas de la Administración autonómica y a la necesidad de asimilar a los responsables de empresas o fundaciones públicas a las restricciones legales que afectan a los altos cargos de la Administración.

Fue Ricardo Costa, portavoz del PP, quien aprovechó la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para replicar a Moreno al asegurar que la inversión de la Generalitat en las corporaciones locales ronda los 2.000 millones de euros. La cifra la aireó el viernes Vicente Rambla, portavoz del Consell, y resulta de acumular la inversión del presupuesto territorializada por comarcas, una fórmula interesada.

El mismo recurso que usó en el debate en comisión la diputada Rosa María Roca, del PP, que esgrimió los 1.394 millones de euros que el Consell asegura haber dotado para paliar la crisis económica en 2008 -otra cifra que resulta de sumar partidas dispersas y previas a la crisis- y presentarlas como un paquete de choque ante una coyuntura adversa.

Mireià Mollà puso además el acento en el control de la deuda y propuso suprimir todas las excepciones previstas para que el Consell pueda desbordar los 900 millones de euros de nuevo endeudamiento a lo largo de 2009. Mollà planteó recortar los avales a empresas públicas y garantizar la financiación de las universidades públicas a costa de los fondos destinados a conciertos educativos.

Mariano Castejón, por el PP, rechazó cualquier cortapisa a la gestión de la deuda, a la concesion de avales o al monto de los fondos destinados a concertar la educación "obligatoria" porque resultarían "ineficientes".

José Antonio Godoy, del PSPV, subrayó la clave del discurso socialista cuando defendió las enmiendas al área de Infraestructuras. "No es congruente ni coherente que veamos como se pierden puestos de trabajo, sobre todo en el sector de la construcción, y que estas Cortes recorten el gasto del área inversora por excelencia en un 28,2%".

Por medio de una enmienda, el grupo popular pegó un tijeretazo a las subvenciones que el Consell había previsto para la Casa del Mediterráneo de Alicante. Con el voto en contra de la oposición, el PP recortó de 1,6 millones a 800.000 euros la subvención a este proyecto. Los 800.000 euros recortados serán para sufragar operaciones corrientes de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat.

Como novedad, ningún diputado del PP mencionó a José Luis Rodríguez Zapatero, a quién se suelen atribuir todos los males desde la Generalitat.

La Junta de Portavoces acordó, por primera vez en España, que una diputada de baja maternal pueda ejercer su derecho al voto en los plenos de las Cortes desde su casa a través del correo electrónico. Tal posibilidad beneficiará a la socialista Mercedes Sanchordi.