La gestión cultural amarga al PNV el fin de mandato

Las conclusiones de las dos únicas comisiones de investigación abiertas en el Parlamento esta legislatura, sobre los escándalos en la gestión de los museos Guggenheim y Balenciaga -sobre los que existen también sendas causas abiertas en los tribunales- van a tener, al menos, tres consecuencias de orden político a apenas tres meses de las elecciones. La primera será poner en evidencia un modelo de gestión que han usado profusamente las instituciones gobernadas por el PNV: las llamadas sociedades participadas, ajenas a los controles públicos. La segunda atañe a la titular de Cultura, Miren Azkar...

Las conclusiones de las dos únicas comisiones de investigación abiertas en el Parlamento esta legislatura, sobre los escándalos en la gestión de los museos Guggenheim y Balenciaga -sobre los que existen también sendas causas abiertas en los tribunales- van a tener, al menos, tres consecuencias de orden político a apenas tres meses de las elecciones. La primera será poner en evidencia un modelo de gestión que han usado profusamente las instituciones gobernadas por el PNV: las llamadas sociedades participadas, ajenas a los controles públicos. La segunda atañe a la titular de Cultura, Miren Azkarate. Los dos casos que han llegado a los juzgados, a la Cámara y al conocimiento público le competen. Aunque con la responsabilidad compartida con otras instituciones, el resultado de ambas investigaciones dejará seriamente tocada la figura de la consejera, que arrastra consigo, además, la imagen corporativa del Ejecutivo por su condición de portavoz. La tercera consecuencia es la del cuarteamiento del tripartito. EA se ha desmarcado del PNV en ambas comisiones, mientras que EB apoyó ayer a este partido para oponerse al dictamen del caso Guggenheim. Aunque los textos no lo recogerán así, el PNV saldrá dañado, en estas vísperas electorales, como el responsable histórico, dada su presencia ininterrumpida en el Gobierno, del uso y defensa de ese modelo, que se ha basado en la confianza partidista hacia los gestores colocados al frente de esas empresas, en su protección frente a miradas indiscretas del Parlamento y del Tribunal de Cuentas y en el descuido de la obligación institucional de vigilancia y control.