A vueltas con el agua
Después de una agitada primavera, en la que se sucedían noticias preocupantes sobre la sequía, unas generosas lluvias nos permitieron superar en el último minuto la grave situación. Como suele decirse, después de la tempestad llega la calma y parece que hemos retornado al letargo típico de nuestras autoridades ambientales, ése en el que sólo se actúa si los acontecimientos fuerzan a ello.
Afortunadamente, van repitiéndose los artículos y las declaraciones de representantes de la sociedad civil con un mensaje coincidente: el problema del agua continúa siendo prioritario y urgente aunque ...
Después de una agitada primavera, en la que se sucedían noticias preocupantes sobre la sequía, unas generosas lluvias nos permitieron superar en el último minuto la grave situación. Como suele decirse, después de la tempestad llega la calma y parece que hemos retornado al letargo típico de nuestras autoridades ambientales, ése en el que sólo se actúa si los acontecimientos fuerzan a ello.
Afortunadamente, van repitiéndose los artículos y las declaraciones de representantes de la sociedad civil con un mensaje coincidente: el problema del agua continúa siendo prioritario y urgente aunque haya perdido sus tintes dramáticos. Además, insisten en la exigencia de consenso político y social para establecer unos objetivos que marquen la actuación de las administraciones públicas en los próximos años sin temer cambios sustanciales por la deseable alternancia política. Me parece una petición oportuna y razonable.
Sin embargo, hay que recordar que un esfuerzo en este sentido ya se realizó. En el año 2000, después de analizar la situación, escuchar a expertos y dialogar durante varios meses, se consensuó un documento sobre la política hidráulica de Cataluña. Ciertamente, a última hora, los representantes de los grupos parlamentarios de ICV y ERC se descolgaron del acuerdo. El resto -es decir, el Gobierno de la Generalitat, CiU, PSC, PP, la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas- lo firmaron.
¿Qué decía? ¿Qué se pactó? De entrada, se reconocía que Cataluña padecía -y padece, claro está- un déficit estructural de agua. Ese déficit proviene, en primer lugar, del aumento de demanda: aunque individualmente hemos reducido nuestro consumo, la población catalana ha crecido a un ritmo mayor y, probablemente, continuará haciéndolo. Pero debe añadirse al cómputo del déficit el agua destinada a los caudales ecológicos de los ríos la necesaria reducción del trasvase del Ter al área metropolitana y la renuncia a sobreexplotar acuíferos y posibilitar, además, su recuperación. Se estimó ese déficit en 350 hectómetros cúbicos anuales. Eso en situación normal, contando que la pluviosidad se mantiene en su media histórica. Si se producen los escenarios de cambio climático que anuncian menos lluvia y nieve en nuestra área geográfica, el déficit será mayor.
El documento también proponía soluciones: ahorro de agua, interconexión de redes, desalinización, uso de aguas residuales regeneradas y trasvase desde otras cuencas con mayor disponibilidad de agua. Quede claro: no se apostaba por un trasvase, sino por un conjunto amplio de medidas que incluían, entre ellas, la previsión de un trasvase. No decía de qué cuenca, pero en aquel momento la Generalitat ya defendía que fuera del Ródano.
El mazazo que supuso la propuesta desequilibrada del PHN del Gobierno Aznar rompió el consenso y la posibilidad de aplicar esa estrategia. Ahí nos equivocamos todos: unos por renunciar a la política y estimular el conflicto civil, otros por porfiarlo todo a la negociación y pensar que un mal pacto es mejor que una imposición.
En cualquier caso, estamos exactamente donde estábamos en el año 2000. Con los papeles de Gobierno y oposición temporalmente intercambiados, pero con los mismos retos con relación al abastecimiento de agua. Nosotros volvemos a confiar en la bondad de establecer un consenso sobre esta cuestión estratégica para el desarrollo y la calidad de vida del conjunto del país (no sólo del área metropolitana de Barcelona). ¿Por qué no retomamos la cuestión donde la dejamos? ¿Por qué no rehacemos el consenso sobre las mismas bases que ya acordamos en su día? Por nuestra parte, estamos nuevamente dispuestos a ello, pero lógicamente la iniciativa corresponde a quien tiene la responsabilidad de gobierno. ¿Continuarán haciendo oídos sordos a las propuestas de la sociedad civil? Y, lo que es aún peor, ¿continuarán haciendo la vista gorda ante los datos de nuestra precariedad de agua?
Felip Puig i Godes es secretario general adjunto de CDC y ex consejero de Medio Ambiente.