La Junta obliga a los concertados a dar sus datos de violencia escolar

"¿Hay problemas de convivencia escolar en los centros concertados? Aparentemente, no. Aunque quizás la pregunta debería ser otra: ¿Existen datos sobre violencia escolar en la concertada? La Consejería de Educación lleva tiempo intentando que los responsables de este tipo de colegios e institutos aporten información sobre los problemas en sus aulas.

Pero la Junta se ha topado con una oposición frontal. La Federación de Enseñanza Religiosa (Fere) en Andalucía remitió en junio una circular a los concertados de Sevilla en la que se instaba a no registrar estos datos en el programa informáti...

"¿Hay problemas de convivencia escolar en los centros concertados? Aparentemente, no. Aunque quizás la pregunta debería ser otra: ¿Existen datos sobre violencia escolar en la concertada? La Consejería de Educación lleva tiempo intentando que los responsables de este tipo de colegios e institutos aporten información sobre los problemas en sus aulas.

Pero la Junta se ha topado con una oposición frontal. La Federación de Enseñanza Religiosa (Fere) en Andalucía remitió en junio una circular a los concertados de Sevilla en la que se instaba a no registrar estos datos en el programa informático Séneca de la Consejería de Educación. Argumentaban que "no existe base jurídica suficiente que ampare la obligación legal de la grabación de las conductas gravemente perjudiciales".

Pues bien, el Parlamento andaluz aprobó la semana pasada una enmienda en la que se recoge textualmente que Educación puede tener acceso al "seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar" tanto en los centros públicos y como en los privados concertados.

Esta enmienda carga de argumentos jurídicos a Educación para que pueda poner en marcha con la colaboración de la concertada el programa Séneca, algo que ya se recoge en la Ley de Educación de Andalucía (LEA). La consejería asegura que esta medida se ha adoptado teniendo en cuenta los informes de la Agencia de Protección de Datos.

Según la enmienda del PSOE a la ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica, "podrán ser objeto de cesión a la Administración educativa" los datos identificativos del alumnado y de sus padres, "incluidos los referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole".

También se podrán reclamar "los relacionados con el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes y con el desarrollo de su escolarización, evaluación y orientación educativa y profesional". Se incluyen además "los referidos a la gestión y el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, a la utilización de los servicios complementarios, a la participación en planes y programas educativos".

Uso interno

La enmienda va acompañada de un informe justificativo en el que se detalla que el artículo 151 de la LEA, "establece que la Administración educativa facilitará e impulsará la realización de trámites administrativos a través de Internet".

Esta norma llega cuando todavía está presente la polémica por la publicación en el BOJA de los nombres de 81 menores objetores a Educación para la Ciudadanía. Pero la equiparación de estos dos temas parece complicada.

Los datos que requiere ahora Educación a los concertados no son para publicarlos con acceso abierto, sino para un uso interno en una red informática cerrada. Con la implantación del "sistema para la gestión telemática de los centros docentes" se pretende, según el PSOE, mejorar "los trámites administrativos y académicos que tienen que realizar los centros docentes" y dinamizar "la transferencia de información" entre la consejería y los centros.