Marbella renueva seis ordenanzas con 20 años
El pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprobó ayer la renovación de seis ordenanzas con más 20 años de antigüedad, entre ellas la correspondiente a la tasa por licencias urbanísicas. Esta tasa fue aprobada en solitario por el equipo de gobierno del PP y con los votos en contra de PSOE e IU. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, destacó que la remodelación de esta ordenanza plantea "la creación de nuevos tipos impositivos" y que el gravamen será inferior a municipios como Mijas o Estepona.
La edil del PSOE Susana Radío acusó al equipo de gobierno de vender como u...
El pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprobó ayer la renovación de seis ordenanzas con más 20 años de antigüedad, entre ellas la correspondiente a la tasa por licencias urbanísicas. Esta tasa fue aprobada en solitario por el equipo de gobierno del PP y con los votos en contra de PSOE e IU. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, destacó que la remodelación de esta ordenanza plantea "la creación de nuevos tipos impositivos" y que el gravamen será inferior a municipios como Mijas o Estepona.
La edil del PSOE Susana Radío acusó al equipo de gobierno de vender como una reforma algo que, en realidad, es una subida de impuestos. "Debía actualizarse pero no modificar las tarifas y cuotas, ya que se incrementa un 64%", mantuvo Radío.
El único edil de IU, Enrique Monterroso, también criticó el afán recaudatorio del equipo de gobierno y se detuvo en medidas como el pago de dos euros para obtener certificados de padrón o de convivencia.
El PP terminó por aprobar en solitario esta tasa, por expedición de documentos y otros servicios y actividades de carácter administrativo, alegando que hasta ahora no se cubrían los gastos de los soportes informáticos. Aún así, el portavoz del equipo de gobierno incidió en que con el cobro al ciudadano "apenas se va a cubrir el 60% del coste".
En el pleno también se aprobó la tasa por conexión a las redes de alcantarillado, la tasa para la licencia de apertura de establecimientos y la que regula la instalación de antenas de telefonía, por la que el Ayuntamiento comenzará a cobrar a las empresas un porcentaje de sus ingresos.