Acuerdo en Bolivia sobre el referéndum constitucional
Un acuerdo de última hora entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el opositor Poder Democrático Social (Podemos) permitirá aprobar en el Congreso boliviano la ley de convocatoria del referéndum sobre la nueva Constitución del país. El pacto convirtió en una marcha jubilosa la amenazadora columna de decenas de miles de indígenas que llegó ayer a la plaza de armas de La Paz, donde se encuentra el Poder Legislativo, para exigir la aprobación de la ley.
El presidente informó de que los grupos parlamentarios habían llegado a un acuerdo para convocar el referéndum constitucio...
Un acuerdo de última hora entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el opositor Poder Democrático Social (Podemos) permitirá aprobar en el Congreso boliviano la ley de convocatoria del referéndum sobre la nueva Constitución del país. El pacto convirtió en una marcha jubilosa la amenazadora columna de decenas de miles de indígenas que llegó ayer a la plaza de armas de La Paz, donde se encuentra el Poder Legislativo, para exigir la aprobación de la ley.
El presidente informó de que los grupos parlamentarios habían llegado a un acuerdo para convocar el referéndum constitucional el próximo 25 de enero, y celebrar elecciones generales el 6 de diciembre de 2009.
El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, explicó que el principal escollo fue finalmente consensuado, después de que Evo Morales accediera a presentarse a la reelección sólo una vez más después de que se apruebe la nueva Constitución, y no dos. Estos comicios se celebrarán en 2009, y el presidente tendrá un mandato de cinco años. Morales renuncia por tanto a presentarse en 2014.
Los parlamentarios de Podemos, el primer partido de la oposición, que había presentado una dura resistencia a la aprobación de la ley de convocatoria mientras no se hicieran ajustes en el texto elaborado por la Asamblea Constituyente, se han declararon satisfechos en principio. El acuerdo contempla correcciones en asuntos como la descentralización autonómica o la política sobre recursos naturales.