Una juez investiga la legalidad de un centro de ocio en Loeches
El promotor está vinculado a la Operación Bloque de Coslada
La carretera entre Loeches y Campo Real (M-219), a unos 32 kilómetros de Madrid, está salpicada por un bosque de encinas y un coscojal, una masa de pequeños arbustos que produce bellotas, escasas en la geografía madrileña. En un recodo de esa carretera, protegido por las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Loeches (5.400 habitantes), se levanta un moderno centro de ocio. El complejo está dotado con un campo de fútbol, minigolf, dos pistas de pádel, piscina y una casa de campo. Pero resulta que este club deportivo está ubicado en una zona protegida, en la finca de la Fontadela. Por eso, el ...
La carretera entre Loeches y Campo Real (M-219), a unos 32 kilómetros de Madrid, está salpicada por un bosque de encinas y un coscojal, una masa de pequeños arbustos que produce bellotas, escasas en la geografía madrileña. En un recodo de esa carretera, protegido por las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Loeches (5.400 habitantes), se levanta un moderno centro de ocio. El complejo está dotado con un campo de fútbol, minigolf, dos pistas de pádel, piscina y una casa de campo. Pero resulta que este club deportivo está ubicado en una zona protegida, en la finca de la Fontadela. Por eso, el 26 de junio de 2007 dos guardas forestales de la Comunidad de Madrid denunciaron la construcción ante la fiscalía.
El complejo está construido en un bosque de encinas y matorral protegido
El ministerio fiscal inició entonces un procedimiento por un delito contra la ordenación del territorio, imputando a Ángel Barral Corral, un industrial, muy popular en Coslada, que está siendo investigado por la Operación Bloque -una supuesta red de corrupción y extorsiones en la Policía Local-, según confirman fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Este empresario pertenece a una familia, los Barrales, con una gran influencia en el municipio del corredor del Henares. De hecho, en 1988 se levantó en una rotonda del municipio una escultura de piedra en la que estaban representadas ocho personas que sostenían los puntos cardinales con los cuatro símbolos de la localidad: la construcción, el comercio, el transporte y la industria. Todos en el pueblo sabían que esas ocho figuras representaban a los Barrales. La escultura no tardó en ser retirada, pero el rastro de poder del clan quedó marcado en el municipio.
Ahora, Gladys López Manzanares, magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey, investiga si Ángel Barral ha cometido un delito contra el medio ambiente por construir el complejo deportivo en un bosque de encinas. A la denuncia de los guardas forestales se ha unido la personación de Ecologistas en Acción. Fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que inició el proceso, confirmaron ayer los hechos y precisaron que el proceso penal está pendiente de la designación del juzgado correspondiente. La acusación presentada por Ecologistas considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito recogido en el Código Penal. Según el artículo 39 de este reglamento, "se impondrán penas a los constructores que lleven a cabo una construcción sin autorización en suelo [...] considerado de especial protección".
Las normas subsidiarias del municipio preservan la zona y la califican como suelo no urbanizable de especial protección "por sus características, diferencial y escasa representación", según pone en las normas que regulan el urbanismo de Loeches.
El abogado experto en asuntos ambientales Juan Manuel López asegura que la zona está habitada por verdejos y pequeñas rapaces, como cernícalos. "El hábitat de la zona es similar al del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que goza de la máxima protección. Está poblado por bosques de encinas y arbustivas".
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