El Canal debe devolver a Villalba el dinero cobrado por gestionar el agua
El Ayuntamiento calcula que podrá recuperar unos 12 millones de euros
El Canal de Isabel II ha facturado desde el 31 de enero de 1985 a los vecinos de Collado-Villalba (52.886 habitantes) cantidades que no le correspondía recibir y que sí debía ingresar en las arcas municipales. Es la conclusión del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14, en una sentencia fechada el pasado viernes y que fue notificada ayer.
Este fallo, que puede ser recurrido por el Canal, reconoce al Consistorio su derecho a que se le reembolse "la facturación obtenida por la gestión del servicio de distribución". Es decir, a que se le devuelva lo cobrado (el juzgado no ha ci...
El Canal de Isabel II ha facturado desde el 31 de enero de 1985 a los vecinos de Collado-Villalba (52.886 habitantes) cantidades que no le correspondía recibir y que sí debía ingresar en las arcas municipales. Es la conclusión del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14, en una sentencia fechada el pasado viernes y que fue notificada ayer.
La empresa pública desconoce la cifra, pero sugiere que no pagará
Este fallo, que puede ser recurrido por el Canal, reconoce al Consistorio su derecho a que se le reembolse "la facturación obtenida por la gestión del servicio de distribución". Es decir, a que se le devuelva lo cobrado (el juzgado no ha cifrado la cantidad) por "distribución, cuota de red y cuota de enganche", tras restarle "las cuantías que correspondan por el mantenimiento de la red de distribución y por los gastos de gestión de tales servicios". Además, la sentencia recuerda que sería preciso firmar un convenio para regular la gestión del servicio por el Canal.
El alcalde del municipio, el socialista José Pablo González, se mostró muy satisfecho de ganar un pleito en el que está embarcado desde hace dos años y con el que reclama unas competencias que el Canal de Isabel II reconoce a otros municipios.
Calcula que la empresa pública del agua le debe unos 12 millones de euros. Para cuantificar la deuda, el alcalde recuerda que el propio Canal estimó en la respuesta a la demanda que las cuotas de distribución desde 1993 (faltarían las cobradas entre 1985 y 1992) ascendían a 8,9 millones de euros. A ello el regidor de Collado Villalba suma lo que falta en dicha estimación, más las cuotas de red y de enganche, que cifra en otros 2,5 millones.
"A lo mejor es el Ayuntamiento el que tiene que pagarnos a nosotros", sugirió una portavoz del Canal de Isabel II, que sin embargo no pudo aclarar de qué cantidad se trataría. "Estamos pendientes de la valoración", agregó. Sobre la posibilidad de que recurran la sentencia, afirmó que está en estudio.
González, en cambio, se mostró seguro de que cobrará. "Una de las consecuencias de no tener convenio es que en Collado-Villalba no se ha planificado una red de colectores, como en otros municipios", explicó. "Todas las obras nuevas de mejora de la red las han hecho o los promotores o el propio Ayuntamiento".
Además, recordó que el Canal sólo podría exigirles las reparaciones en la red, parte de las cuales ya le ha facturado al Ayuntamiento. "Vamos a estudiar de cuánto se trataría", dijo.
Las razones del pleito entre Collado-Villalba y el Canal de Isabel II se remontan a 1985. La empresa pública del agua presta los servicios de abastecimiento y saneamiento en Villalba desde ese año, cuando el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Agua a los Pueblos de la Sierra de Guadarrama (Casrama), que operaba en 19 municipios de la sierra madrileña, quedó disuelto por ley y su patrimonio se integró en el de la empresa pública.
Collado Villalba es la única de esas localidades que hoy no tiene un convenio de cesión de las competencias con el Canal, pese a que éste las gestiona.
Cuando González llegó a la alcaldía en 1999 descubrió que el convenio de cesión de sus competencias no existía, tras reclamarlo insistentemente por carta a la empresa, ya que no había una copia en los archivos municipales. El Canal de Isabel II, que primero aseguró que había acuerdo y le puso la fecha de 20 de diciembre de 1984, acabó reconociendo en 2004 que no existía tal documento y, por tanto, que no había convenio. Sólo entonces accedió a iniciar su negociación del convenio.
La empresa pública del agua ha justificado hasta ahora, y quedó reflejado en la respuesta a la demanda, que podía asumir las atribuciones municipales porque recibió una "encomienda legal para el ejercicio de las competencias que venía desarrollando el Casrama". Además, afirmaba que la situación fue "tácitamente consentida" por el Ayuntamiento hasta enero de 2005, por lo que rechazaba que éste pueda ahora reclamarle por ello. Las dos administraciones no se pusieron nunca de acuerdo para formalizar el convenio.
El alcalde de Collado-Villalba anunció ayer que pedirá la ejecución de la sentencia, pero también reclamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que no la recurra porque entonces ejercerá su derecho a convocar un concurso para otorgar la gestión del servicio. "El Ayuntamiento pide al Canal sentarse en una mesa y suscribir un convenio que refleje los derechos y obligaciones de los próximos 20 años, siempre que se le reconozca la titularidad de los servicios y se le abonen las cuotas", afirmó.
Un mes negro para la empresa
Septiembre ha sido un mes negro para el Canal de Isabel II. Pese a que el Gobierno de Esperanza Aguirre pretendía epatar con el anuncio de la privatización de la empresa pública, que la presidenta regional lanzó en el debate del estado de la región, la noticia no ha traído más que problemas.
Primero PSOE e IU se echaron las manos a la cabeza, por las intenciones del Ejecutivo regional de sacar a Bolsa el 49% de la empresa pública que mejores resultados obtiene. El año pasado logró beneficios de 76,7 millones de euros.
Después, los 34 alcaldes socialistas anunciaron que romperán los convenios por los que han cedido sus competencias de distribución y saneamiento al Canal en cuanto la empresa deje de ser pública. Están obligados, alegan, porque la Ley de Contratación del Sector Público no permite a una administración pública contratar a una empresa privada sin convocar concurso.
A esta postura se sumó después el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), lo que puso de relieve que la Comunidad de Madrid no había consultado a los municipios sus intenciones, ni siquiera a los de su partido. Gallardón ha recordado que convocar concurso supone que el Consistorio de la capital pida aún más dinero que el que recibió del Canal por las competencias: unos 930 millones de euros.
En plena inauguración de los Teatros del Canal, la obra emblemática de la empresa pública en los últimos años, este periódico reveló el 23 de septiembre que la ceremonia está presupuestada en 1,5 millones de euros. El Canal ha negado que pagara esta cantidad a Boomerang TV, la productora que hizo la puesta en escena. Pero hasta la fecha no ha revelado cuánto habría abonado.