Corbacho recurre el plan de Empleo para montar una inspección paralela
El ministerio plantea al Superior que Euskadi rebasa su marco competencial
La creación de una Inspección de Trabajo vasca va a tener que esperar. La Administración central ha recurrido los tres decretos del Departamento de Empleo que pretendeían armar una inspección paralela, con su régimen sancionador propio, para el ámbito de las cooperativas y para las minas, túneles y canteras. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subraya en los recursos que ha admitido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco que el departamento que dirige Joseba Azkarraga, de EA, se extralimita al crear una inspección paralela cuando el Estatuto de Gernika no le da atribucio...
La creación de una Inspección de Trabajo vasca va a tener que esperar. La Administración central ha recurrido los tres decretos del Departamento de Empleo que pretendeían armar una inspección paralela, con su régimen sancionador propio, para el ámbito de las cooperativas y para las minas, túneles y canteras. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subraya en los recursos que ha admitido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco que el departamento que dirige Joseba Azkarraga, de EA, se extralimita al crear una inspección paralela cuando el Estatuto de Gernika no le da atribuciones para hacerlo.
Los recursos se presentan apenas unos días después de que el Gobierno central y la Generalitat llegaran a un acuerdo para transferir a Cataluña la Inspección de Trabajo. El Gobierno se reserva tan sólo la que hace referencia a la Seguridad Social.
En el caso de Euskadi, la postura del Gobierno vasco sigue siendo la misma. Sin la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (cuotas y cotizaciones) no se aceptan transferencias parciales. De la misma manera que se niega a recibir el traspaso de las políticas activas de empleo sin recibir las pasivas, el departamento de Azkarraga no quiere asumir la Inspección de Trabajo sin lo que hace referencia a la Seguridad Social. "O todo o nada", parece ser la tesis del Ejecutivo autonómico. "Se trata de una postura muy radical que no conduce a ninguna parte", sostiene la secretaria de acción sindical de UGT, Pilar Collantes. "Al menos, en Cataluña van a poder luchar contra la siniestralidad con más instrumentos", dice.
El Departamento de Empleo subraya en su respuesta al requerimiento del ministerio que "el Estatuto de Autonomía, en su artículo 12.2, fija [para Euskadi] la competencia de carácter ejecutivo en la materia de legislación laboral" y que con eso ya es suficiente para regular la función inspectora sobre esos tres ámbitos -Administración pública, cooperativas, y minas, túneles y canteras-.
Los tres decretos recurridos forman parte, junto con un cuarto sobre el régimen sancionador en la Administración pública, -éste no ha sido recurrido-, de la estrategia del departamento para luchar contra la siniestralidad laboral. Incluidos como ejes estratégicos en el diseño del Plan de Salud Laboral 2007-2010, el objetivo era elevar el número de inspectores hasta uno para cada 8.000 o 9.000 trabajadores.
Euskadi cuenta con un inspector por cada 14.500 trabajadores y para cada 2.823 centros de trabajo, es decir, 66 controladores para 186.306 empresas. De ellos, medio centenar son inspectores de Trabajo y 16 técnicos habilitados de Osalan.
El ministerio adoptó el acuerdo de impugnar los decretos el pasado 11 de abril. La Administración central requirió a la vasca para que derogara los decretos, antes de presentar el recurso ante la Sala de lo Contencioso de Tribunal Superior.
Traspaso a Cataluña
Una Inspección de Trabajo autonómica es posible, pero no por decreto. El próximo 15 de marzo es la fecha pactada para concretar el traspaso de los medios materiales, económicos y humanos de la Inspección de Trabajo de Cataluña, y antes del 30 de abril debería reunirse la Comisión Mixta de Transferencias para que la Generalitat la asuma el 1 de junio. Aunque no va a tener capacidad para resolver los expedientes sancionadores -queda reservada al Estado- la Generalitat asumirá las funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa laboral y de los convenios colectivos, el arbitraje, la conciliación y la mediación en conflictos, entre otras.
El Ejecutivo vasco no acepta esa competencia si no viene asociada a la inspección de la Seguridad Social, con el mismo argumento que utiliza sobre el Inem con las políticas pasivas. Azkarraga valoró ayer ese traspaso -"todavía no es del todo seguro"-, porque quizás abra una vía para resolver una demanda "que en Euskadi dura ya más de 30 años".
Duplicados
- Un 'Inem paralelo'. El 28 de mayo de 2004, Empleo inauguraba la primera de las seis oficinas, y 38 entidades colaboradoras, que tiene Lanbide, su servicio de intermediación laboral.
- Hobetuz inoperante. La Fundación para la Formación Continua (Hobetuz), que sustituyó al Forcem, se halla bloqueda al no aceptar Euskadi las políticas activas de empleo.
- Subcontratas. Tras fracasar en su intento de crear un registro propio por la oposición empresarial, Empleo se ha limitado a trasladar la normativa estatal.
Más accidentes por la menor experiencia
El consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, sostuvo ayer que el incremento de accidentes laborales durante los meses de julio y agosto se debe fundamentalmente a una menor experiencia de los trabajadores incorporados en el verano. Azkarraga tomó como referencia el último siniestro laboral en la construcción ocurrido el pasado viernes en Ilarraza (Álava) y recordó que los primeros datos de Osalan indican que el fallecido "no contaba con la seguridad adecuada".
Desde el pasado 1 de julio han muerto en el País Vasco un total de 11 trabajadores, según los datos computados por UGT. Las víctimas mortales fueron 101 el año pasado.
El consejero argumentó que todos los accidentes traumáticos pueden ser evitados, pero subrayó que la manera correcta de afrontar el problema no es apuntándose con el dedo los unos a los otros, sino asumiendo que es una responsabilidad en la que están afectados desde los empresarios hasta los trabajadores, pasando por la Administración.
El consejero recordó la evolución "positiva" de los últimos datos oficiales del índice de siniestralidad laboral, con una reducción de 15 puntos, aunque reconoció que, anualmente, en los meses de julio y agosto se produce un incremento en el número de accidentes debido a una menor experiencia de los trabajadores. Fuentes sindicales responsabilizaron ayer directamente a los empresarios del déficit de formación. "La falta de experiencia se supera con más formación. Pero lo que busca en muchos casos la patronal son sustituciones rápidas y baratas, y luego pasa lo que pasa, en verano, y durante todo el año", indicaron ayer desde CC OO.
Azkarraga volvió a apostar por reagrupar todas las herramientas para luchar contra la siniestralidad en manos del Gobierno y recordó que hoy se acaba el plazo para que todas las empresas que se dedican a las subcontratas se den de alta en el registro creado al efecto. "Es un error que se mantenga la dispersión de las herramientas administrativas en la lucha contra la siniestralidad laboral", dijo.
El nuevo registro obligatorio de empresas de la construcción, añadió, "va a mejorar la calidad de las subcontratas y por lo tanto va a ayudar a reducir los accidentes laborales". Primero fue la reducción de las cadenas de subcontratas y ahora el registro, en el que se vigila de manera especial si la empresa tiene el 10% de trabajadores en plantilla y cumple con el plan de prevención, formando a sus trabajadores.
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