El Gobierno vasco reabre la guerra por la pasarela de Mompás
Espinosa replica que no se meta en su competencia
La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga (EA), reabrió ayer la guerra política por la prevista construcción de una pasarela peatonal volada en Mompás, a los pies del monte Ulía de San Sebastián. Una polémica tras la que está la sempiterna lucha de competencias entre los gobiernos vasco y central y las regulares relaciones entre el Ejecutivo autonómico y el alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza. Así que Larrañaga pidió una vez más a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que "respete" el Plan Territorial Sectorial de Ordenación y Protección del Li...
La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga (EA), reabrió ayer la guerra política por la prevista construcción de una pasarela peatonal volada en Mompás, a los pies del monte Ulía de San Sebastián. Una polémica tras la que está la sempiterna lucha de competencias entre los gobiernos vasco y central y las regulares relaciones entre el Ejecutivo autonómico y el alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza. Así que Larrañaga pidió una vez más a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que "respete" el Plan Territorial Sectorial de Ordenación y Protección del Litoral del País Vasco, que cataloga esa zona como de especial protección, y no construya el paseo.
La solicitud de Larrañaga no fue casual. Se produjo minutos después de inaugurar en San Sebastián el 2º Seminario del Conflicto Ambiental, que se celebra en la Facultad de Derecho de la UPV, y poco antes de que Espinosa visitara la exposición sobre la pasarela que se muestra en el Teatro donostiarra Victoria Eugenia. El proyecto del paseo está impulsado por el Ayuntamiento, que ha logrado que el Ejecutivo central, competente en costas, se haga cargo de su financiación: 12 millones de euros.
La consejera recordó que el citado Plan Territorial tiene como objetivo "blindar ecológicamente" la costa, especialmente aquellas zonas que no han sufrido intervención urbana alguna, e insistió en que es una normativa de "obligado cumplimiento".
El Ministerio de Medio Ambiente, por el contrario, viene defendiendo que el proyecto final, más liviano que el original, no choca con la normativa vasca. Sostiene, además, que se trata de una obra respetuosa con el entorno y excepcional por su carácter de "interés general", que "responde al derecho que tienen los ciudadanos a recorrer su costa".
Por eso, Espinosa no tardó en replicar a Larrañaga. "Yo no le digo a la consejera lo que tiene que hacer en sus competencias y espero que ella tampoco se intente meter en las del Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que ser respetuosos con las competencias [respectivas]", subrayó.
El proyecto, al que el Gobierno vasco ha presentado cuatro alegaciones, está todavía pendiente de la declaración de impacto ambiental por parte del ministerio. Su titular señaló que intentará dar una solución "lo más rápido posible", con la esperanza de que las obras puedan comenzar este mismo año, como estaba previsto. De hecho, el Consejo de Ministros autorizó el desembolso de 12 millones el pasado 28 de marzo.
Ciudades por el clima
Espinosa viajó a San Sebastián para inaugurar la 3ª Asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima, donde afirmó que "la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá" precisamente en las ciudades, que son "el ecosistema propio de la especie humana", cuyo funcionamiento general "una importante huella ecológica". En este sentido, recordó que, según Naciones Unidas, muy pronto el 50% de la población mundial habitará en ciudades, que serán responsables del 75% del consumo total de energía.
Con estos datos sobre la mesa, una buena parte de los 207 municipios que componen la Red Española de Ciudades por el Clima, presentes ayer en la capital guipuzcoana, firmaron un manifiesto en el que se comprometen a cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020, que incluyen reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para ello, realizarán planes de acción, que incidirán en la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el incremento de los sumideros de carbono y la reducción del volumen de residuos que se generan en sus respectivas localidades. Asimismo, según consta en el manifiesto, tratarán de implicar a la ciudadanía en las labores dirigidas a combatir el cambio climático. De hecho, el 67% de los ayuntamientos implicados en la red ya han implantado medidas para reducir el tráfico urbano.