La justicia británica da luz verde al Tratado de Lisboa
La sentencia rechaza el recurso 'tory' para someter el texto a referéndum
El primer ministro Gordon Brown, el resto del Consejo Europeo y la Comisión Europea respiraron ayer con alivio al saber que no habrá referéndum en el Reino Unido para confirmar la ratificación parlamentaria del Tratado de Lisboa, evitando así que la crisis creada por el no irlandés se convirtiera en un cataclismo ante la perspectiva de un no británico.
El Tribunal Superior del Reino Unido rechazó el segundo recurso presentado contra la ratificación y dictaminó que el Gobierno no está obligado a someter la ratificación a referéndum.
Los dos jueces que rechazaron el r...
El primer ministro Gordon Brown, el resto del Consejo Europeo y la Comisión Europea respiraron ayer con alivio al saber que no habrá referéndum en el Reino Unido para confirmar la ratificación parlamentaria del Tratado de Lisboa, evitando así que la crisis creada por el no irlandés se convirtiera en un cataclismo ante la perspectiva de un no británico.
El Tribunal Superior del Reino Unido rechazó el segundo recurso presentado contra la ratificación y dictaminó que el Gobierno no está obligado a someter la ratificación a referéndum.
Los jueces estiman que la decisión corresponde al Parlamento
Los dos jueces que rechazaron el recurso presentado por el multimillonario conservador Stuart Wheeler concluyeron que éste no ha podido probar que la Constitución europea y el Tratado de Lisboa sean lo mismo, por lo que la promesa de un referéndum no afecta al nuevo tratado. Y añadió que, incluso en el caso de que fueran lo mismo, el Gobierno tiene derecho a cambiar de opinión y es el Parlamento, no la justicia, el que tiene en sus manos la última decisión en un caso así. Los Comunes rechazaron en su día la enmienda tory que exigía la convocatoria de un referéndum y ratificaron luego el Tratado de Lisboa, subrayan también los jueces.
"No hemos encontrado nada que albergue dudas sobre la legalidad de la ratificación del Tratado de Lisboa", reza la sentencia. Los jueces concluyen también que, aunque "las cuestiones suscitadas son interesantes, eso se contrapesa con el deseo de certidumbre y de evitar innecesarios retrasos en esta materia", por lo que no hay razón para que su decisión sea recurrida. Wheeler, sin embargo, se declaró ayer partidario de pedir permiso para llevar el caso al Tribunal de Apelación. "Tengo grandes esperanzas de ganar en apelación", declaró nada más conocerse la sentencia.
El secretario de Estado para Europa, Jim Murphy, se declaró "encantado de que los jueces se hayan inclinado con toda claridad por las tesis del Gobierno". Pese a la remota posibilidad de que se reabra el caso, Downing Street anunció que, dada la contundencia de la sentencia, seguirá con el proceso de ratificación del texto, que ha sido ya aprobado por el Parlamento y aceptado por la reina, pero está pendiente de que el Gobierno deposite los instrumentos del Tratado en Roma, una formalidad legal, a mediados de julio.
La justicia ya rechazó días atrás el recurso de un diputado conservador que pretendía que tras el no irlandés el Gobierno no podía someter el tratado a la ratificación del Parlamento.
En el caso de Wheeler, el juez lord Richards y el juez Mackay sostienen que la Constitución y Lisboa son "desde cualquier óptica tratados distintos" tanto en la forma como en la sustancia y citan numerosas diferencias, entre ellas las "líneas rojas" pactadas por Londres cuando se renegoció la Constitución. Subrayan que Wheeler no ha podido demostrar lo contrario y que, aunque lo hubiera hecho, el cumplimiento de la promesa de un referéndum "es una cuestión política, no legal", y es el Parlamento, no los jueces, el que ha de pronunciarse sobre ello.
"En este caso en particular la decisión de convocar un referéndum recae en el Parlamento, y era el Parlamento el que tenía que decidir si el Gobierno debería cumplir una promesa previa", dice la sentencia. Y subraya que han tenido en cuenta "el hecho de que el Parlamento ha abordado la cuestión de si tenía que haber un referéndum y, al aprobar la Ley de la Unión Europea (enmendada), ha decidido que no lo haya".