Los jueces se resisten a hacerse cargo del antiguo juzgado de Urquía

El último gran caso de blanqueo de capitales de la Costa del Sol lleva seis meses paralizado por falta de juez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) busca un candidato que tome las riendas del antiguo juzgado del magistrado Francisco Javier de Urquía, apartado por su implicación en una pieza derivada del caso Malaya. Pero los candidatos se resisten.

Además del colapso y retraso de los procedimientos, reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nuevo juez tendría que asumir el caso Hidalgo. La causa es importante por la magnitud de los bi...

El último gran caso de blanqueo de capitales de la Costa del Sol lleva seis meses paralizado por falta de juez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) busca un candidato que tome las riendas del antiguo juzgado del magistrado Francisco Javier de Urquía, apartado por su implicación en una pieza derivada del caso Malaya. Pero los candidatos se resisten.

Además del colapso y retraso de los procedimientos, reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nuevo juez tendría que asumir el caso Hidalgo. La causa es importante por la magnitud de los bienes incautados -supera con creces a la operación Ballena Blanca, la otra gran causa contra el blanqueo de capitales investigada en Marbella- pero también porque le ha generado a Urquía su segunda imputación en el TSJA. El magistrado apartado y otras dos personas está acusados de exigir dinero a varios de los imputados en el caso Hidalgo por sacarles de la cárcel o levantar un embargo judicial.

Entre los bienes intervenidos en esa operación, centrada en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde hay 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas de lujo en la Costa del Sol, 60 automóviles y joyas.

El nuevo juez debe ser propuesto por TSJA al Consejo, pero el proceso es largo. Hay que publicitarlo y dar con el candidato más adecuado. "Todavía están llegando solicitudes", señaló ayer un portavoz del alto tribunal andaluz. Llegará en comisión de servicio, ya que la plaza sigue siendo de Urquía hasta que no haya sentencia en los dos procedimientos que tiene abiertos, y se unirá al juez sustituto, Francisco García Valverde. No se sabe si se dedicará en exclusiva, algo que parece lo más probable, o si compaginará el cargo con la labor en otro juzgado con menor carga de trabajo.

"Esto está absolutamente paralizado. Aquí no se despacha un papel desde hace meses y lo que se hace es de puro trámite", señalaba ayer una de las defensas del caso Hidalgo. Según las partes, hay más de 40 recursos pendientes de ser enviados a la Audiencia Provincial.

Los abogados creen que el nuevo juez tardará "una buena temporada" en ponerse al día y temen que el desconocimiento de la causa le haga seguir a pies juntillas las instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado Manuel Martín Hernández-Carrillo fue el primer juez que ocupó el lugar de Urquía en el juzgado número 2 de Marbella. Le dio un empujón considerable al caso, pero se marchó en diciembre, al Juzgado de lo Social 2 de Marbella. "Desde entonces todo sigue igual", mantienen las partes.

Antes de salir, Hernández-Carrillo archivó la imputación a nueve acusados, entre ellos cuatro notarios y cinco empleados y familiares del despacho Cruz-Conde. La decisión, recurrida por la Fiscalía, redujo a una veintena el número de acusados.

A comienzos de año el juez Ricardo Puyol fue destinado en comisión de servicio, pero apenas le dio tiempo a hacerse con los 70 tomos del caso. Al poco tiempo fue nombrado juez titular del Juzgado número 1 de Marbella y también dejó el juzgado.

Hace dos meses, el servicio de inspección del Consejo aconsejó que se agilizara el nombramiento de un nuevo juez. Su informe consideraba "muy deficiente" la situación procesal del juzgado y tildó de "preocupante" el retraso que padece. Una visita de inspección rutinaria, realizada el 13 de noviembre, subrayó "graves disfunciones" como la existencia de 575 diligencias previas y 216 procedimientos abreviados pendientes, un número "anormalmente alto" en relación con la entrada de asuntos, al que se une la "falta de experiencia de los interinos" y la cobertura tardía de las vacantes.