Desorden en la enseñanza

Los sindicatos de la enseñanza y los padres de la Gonzalo Anaya han decidido plantarle cara a la Consejería de Educación y se manifestarán mañana en contra de su política. Habrá que ver si tienen la fuerza suficiente para sentar a Font de Mora en una mesa y forzarle a dialogar. No parece el mejor momento para una acción de esta clase. La crisis económica es más cierta cada día y, en estas circunstancias, las preocupaciones del ciudadano suelen tener un carácter inmediato. Hace falta un espíritu altruista para manifestarse a favor de la enseñanza pública. En la medida en que los padres y los si...

Los sindicatos de la enseñanza y los padres de la Gonzalo Anaya han decidido plantarle cara a la Consejería de Educación y se manifestarán mañana en contra de su política. Habrá que ver si tienen la fuerza suficiente para sentar a Font de Mora en una mesa y forzarle a dialogar. No parece el mejor momento para una acción de esta clase. La crisis económica es más cierta cada día y, en estas circunstancias, las preocupaciones del ciudadano suelen tener un carácter inmediato. Hace falta un espíritu altruista para manifestarse a favor de la enseñanza pública. En la medida en que los padres y los sindicatos mantengan la tensión en la calle, aumentará para el consejero la necesidad de hablar. Puede ayudarles la situación actual del Gobierno de Francisco Camps que no es, ni mucho menos, la de unos meses atrás. El cambio de ciclo económico está siendo particularmente duro con la Comunidad Valenciana y la decisión de los agricultores de Villena de vender su agua a una multinacional ha privado al Gobierno de esta potente reivindicación.

Font de Mora es un especialista en aguantar envites que ha hecho gala de un temple notable en sus actuaciones: podía llover a cántaros y él afirmar sin inmutarse que lucía un sol espléndido. Hasta ahora, ha logrado sortear la situación entreteniendo a los padres con un asunto u otro. Cada cierto tiempo, dos o tres semanas, la consejería lanzaba un tema polémico a la opinión pública y así íbamos matando el tiempo. Puede decirse que hemos pasado de la Educación para la Ciudadanía impartida en inglés al uniforme escolar prácticamente sin transición. Estos asuntos han dominado cualquier interés por la educación, y estaban en la base de todas las discusiones y polémicas que se producían en la comunidad. Ante ellos, el deterioro de los centros, los despilfarros de Ciegsa, el retraso en las nuevas construcciones, la falta de profesorado, han sido cuestiones abstractas, sin calado popular.

La política de enseñanza en la Comunidad Valenciana está presidida, desde hace años, por la improvisación. En los periódicos se publican a diario abundantes ejemplos que cualquier persona interesada puede confirmar. Existe, claro está, una tendencia a favorecer la enseñanza privada, pero incluso esta línea carece de planificación; si, al menos, se hiciera con algún criterio, sabríamos a qué atenernos. La sensación general es que el trabajo de la consejería está dominado por el desorden y se inclina según los intereses del Gobierno en cada momento. ¿Se puede llegar así a alguna parte? Todo esto se ha intentado ocultar a los ciudadanos a base de inventar un plan u otro y de colocarle un nombre sonoro, con lo que el problema se daba por resuelto. Así, se han sucedido los sucesivos Crea Escola que, vistos con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, se advierte que no han servido para nada.

La enseñanza será en los próximos años uno de los problemas más serios a los que deberá enfrentarse la Comunidad Valenciana. Se trata de una cuestión real que tendrá un peso decisivo en el futuro de la economía. Nuestra tasa de fracaso escolar es, en la actualidad, una de las más altas de España. En estas circunstancias, Francisco Camps debería explicar cómo piensa convertir a la Comunidad en "el territorio con las mejores condiciones de vida del Arco Mediterráneo europeo". Sin una mano de obra cualificada, este deseo se quedará en simple propaganda. El silencio que mantienen nuestros empresarios sobre el asunto es preocupante y contrasta con las exigencias que mantienen los empresarios catalanes. Claro que si nuestra aspiración es únicamente continuar construyendo casas, quizá no haga falta más.