El TSJ avala la protección de las dunas en la costa de Dénia
Después de tantos reveses urbanísticos y de tanta bronca desde la oposición, el gobierno de Dénia de la socialista Paqui Viciano recibió ayer un balón de oxígeno. El TSJ avaló la decisión del Ayuntamiento de proteger una de las últimas zonas de dunas vírgenes que quedan en la costa norte al rechazar un recurso de un propietario que pretendía que ese espacio se mantuviera como urbano.
El fallo asegura que de los 16.046 metros cuadrados en litigio, casi 12.000 deben considerarse zona verde y de dominio público marítimo-terrestre, tal y como defendía el ejecutivo de Viciano, que había incl...
Después de tantos reveses urbanísticos y de tanta bronca desde la oposición, el gobierno de Dénia de la socialista Paqui Viciano recibió ayer un balón de oxígeno. El TSJ avaló la decisión del Ayuntamiento de proteger una de las últimas zonas de dunas vírgenes que quedan en la costa norte al rechazar un recurso de un propietario que pretendía que ese espacio se mantuviera como urbano.
El fallo asegura que de los 16.046 metros cuadrados en litigio, casi 12.000 deben considerarse zona verde y de dominio público marítimo-terrestre, tal y como defendía el ejecutivo de Viciano, que había incluido esa parcela en el Catálogo de Zonas de Interés Botánico para preservar de la voracidad urbanística los escasos reductos del sistema dunar que le quedan a Dénia.
El TSJ avala así el Plan General Transitorio de Dénia, el documento urbanístico redactado por el PSPV y por sus socios nacionalistas y que pretende proteger hasta tres millones de metros en el litoral norte. Ese plan debe regir los destinos urbanísticos de la población hasta que se redacte un nuevo PGOU ya que el anterior, realizado en 2000, fue declarado nulo.
Pero, sobre todo, la sentencia le da un respiro a socialistas y nacionalistas en un momento muy delicado por la decisión de la Consejería de Territorio de anular el plan estrella de la alcaldesa, el de Torrecremada, al considerar que se había adjudicado a dedo, y la sentencia que condenaba al Ayuntamiento a devolver 400.000 euros a un propietario por un programa urbanístico en Les Rotes.