"El Parlamento investigará la gestión del Guggenheim desde su creación
Los partidos respaldan por unanimidad la comisión que analizará el fraude
Limpiar la imagen del Museo Guggenheim, el icono de la regeneración de Bilbao y la imagen de marca de Euskadi, es la pretensión que se ha marcado la comisión de investigación que se creará próximamente en el Parlamento y que ayer obtuvo el visto bueno del pleno con el apoyo unánime de los partidos. En sus discursos, los portavoces quisieron dejar claro que no se trata de una caza de brujas contra el PNV, el partido que ha controlado siempre las instituciones implicadas en la gestión del museo, tras los últimos escándalos, sino de respaldar "un patrimonio" de todos los vascos. La direcci...
Limpiar la imagen del Museo Guggenheim, el icono de la regeneración de Bilbao y la imagen de marca de Euskadi, es la pretensión que se ha marcado la comisión de investigación que se creará próximamente en el Parlamento y que ayer obtuvo el visto bueno del pleno con el apoyo unánime de los partidos. En sus discursos, los portavoces quisieron dejar claro que no se trata de una caza de brujas contra el PNV, el partido que ha controlado siempre las instituciones implicadas en la gestión del museo, tras los últimos escándalos, sino de respaldar "un patrimonio" de todos los vascos. La dirección del museo y las dos instituciones públicas que lo financian (Gobierno vasco y Diputación de Vizcaya) pondrán bajo los focos de la comisión sus diez años de gestión.
La oposición mantiene que el control público ha sido "insuficiente
El desfalco de casi medio millón de euros cometido por quien era su director financiero, Roberto Cearsolo, que él mismo confesó el pasado mes de abril, ha sido el detonante de esta investigación, que se suma a la que está tramitando el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, la del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la que ha emprendido el propio museo. A diferencia de las anteriores, la investigación del Parlamento, impulsada por el PP como la del Museo Balenciaga, cuenta con una gran relevancia y su repercusión pública será muy importante, como pasó con la del fraude de las oposiciones de Osakidetza en 1990. Ese es el espejo en el que ahora quieren mirarse los partidos. Aquella comisión reportó un importante prestigio a la Cámara, que se fajó durante meses.
Ahora, el trabajo de la comisión abordará una revisión pública de toda la gestión del Guggenheim desde 1996, cuando inició la compra de obras de arte. Especial atención merecerán los dos momentos más críticos vividos los últimos meses: el ruinoso cambio de divisas para las adquisiciones de obras de arte -que supera los seis millones de euros en pérdidas- y el fraude cometido por Cearsolo, que asciende a 487.000 euros, según su propia confesión, aunque haya devuelto ya las tres quintas partes de esa cantidad.
El PP y el PSE, los partidos más críticos con la gestión del museo, ya adelantaron ayer que estos dos episodios suponen un claro reflejo del "insuficiente" control del Guggenheim en los últimos años. El Tribunal Vasco de Cuentas ya recomendó al museo auditarse todos los años, una costumbre que ha recuperado en 2007, cuando no lo había hecho en los nueve ejercicios anteriores. Ese es precisamente el periodo en el que Cearsolo cometió su desfalcó.
El debate en el Parlamento para crear la comisión resultó de guante blanco, con apenas un pequeño rifirrafe entre PNV y PP. El portavoz peneuvista José Antonio Rubalkaba pidió a los populares la misma diligencia a la hora de pedir una comisión cuando se descubre algún tipo de irregularidad en las instituciones que ellos gobiernan. "La comisión dejará claro que el Gobierno ha actuado bien", zanjó el representante del PNV.
Un completo escrutinio "paralelo al judicial"
Nada escapará, en principio, a la investigación de la comisión parlamentaria. Al menos eso es lo que pretende la oposición. Carmelo Barrio, del PP, defendió ayer la proposición no de ley solicitando que se cree esta comisión. Su objetivo es que se ponga en marcha "lo antes posible". La idea es que se constituya, determine los asuntos a investigar y establezca el calendario de trabajo antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el 30 de junio. En el caso de que la Cámara se disuelva de manera anticipada y no le dé tiempo a concluir la legislatura, la comisión decaerá y será preciso volver a constituirla en el próximo mandato parlamentario, pero, por ahora, los partidos no trabajan con esa idea.
Según Barrio, todo está abierto a la investigación, el museo y sus dos sociedades instrumentales. Fundada en 1995, la Sociedad Tenedora, integrada al 50% por el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, se encarga de la compra de divisas para adquirir obras de arte a un ritmo de inversión de seis millones por año, aportados por las instituciones públicas.
La Sociedad Inmobiliaria, con iguales socios más una pequeña participación del Ayuntamiento de Bilbao, es el dueño del solar y el edificio. "Haremos una investigación paralela a la judicial, sin interferir en el trabajo de los tribunales", dijo Barrio. Los partidos de la oposición ya han mostrado su interés en solicitar la comparecencia de Roberto Cearsolo, el ex director financiero que cometió el desfalco. Al final del recorrido de los trabajos de la comisión, se vislumbra la petición de responsabilidades políticas.
Las interrogantes sobre la gestión del museo se amplían a varios campos. Por ejemplo, la Diputación de Vizcaya ha dejado sin contestar datos concretos solicitados por el grupo del PP en las Juntas Generales sobre la compra de obras de arte para la colección propia del Guggenheim en los últimos años.
El PP dirigió el pasado mes de enero una pregunta a la entonces recién nombrada diputada de Cultura, Josune Ariztondo, para conocer datos concretos de los bancos y cuentas corrientes donde se han pagado las obras de arte adquiridas para la colección y los intermediarios que han intervenido en las operaciones de compraventa.
El Partido Popular se queja ahora de que el Guggenheim se limita a decir que ha hecho los pagos desde sus cuentas del BBVA, algo ya d sobras conocido. "La cuestión es dónde pagan, cuánto, a quién, a qué bancos, cuáles son las cuentas, los intermediarios, etcétera, pero no contestan nada, no quieren contestar", se queja el PP.