Medio Ambiente promete cerrar las pizarreras de O Courel en 10 años

La Conselleira de Medio Ambiente anunció ayer su intención de, en un plazo aproximado de 10 años, "habilitar un carril socioeconómico para que la gente deje de trabajar en las minas de pizarra" de O Courel. En declaraciones a este periódico, el titular del departamento, el socialista Manuel Vázquez, explicó que "el gran desafío de la Xunta reside, sobre todo, en explicarles a los vecinos de O Courel que pueden existir políticas económicas y medioambientales alternativas en espacios naturales". El conselleiro hace pública su iniciativa apenas 20 días después de que la Unión Europea emitiese un ...

La Conselleira de Medio Ambiente anunció ayer su intención de, en un plazo aproximado de 10 años, "habilitar un carril socioeconómico para que la gente deje de trabajar en las minas de pizarra" de O Courel. En declaraciones a este periódico, el titular del departamento, el socialista Manuel Vázquez, explicó que "el gran desafío de la Xunta reside, sobre todo, en explicarles a los vecinos de O Courel que pueden existir políticas económicas y medioambientales alternativas en espacios naturales". El conselleiro hace pública su iniciativa apenas 20 días después de que la Unión Europea emitiese un informe denunciando el incumplimiento de varios artículos sobre protección del medioambiente por parte de cuatro concesiones de explotación de pizarra en O Courel.

"Desde que PSdeG y BNG llegaron a la Xunta", apuntó el conselleiro, "sólo se ha legalizado una cantera". Se trata de la mina de A Campa, para la que la empresa, según Manuel Vázquez, había pedido "una cantidad enorme de hectáreas". "Se le redujo el número de hectáreas y se le impuso una política de recuperación ambiental exhaustiva", relató el conselleiro. A Campa es una de las cuatro canteras apercibidas por Bruselas. En la Consellería de Medio Ambiente cuentan 54 peticiones más para distintas explotaciones de pizarra en la zona.

Desde la agrupación ecologista y vecinal SOS Courel, no obstante, contradicen al titular de Medio Ambiente. Su portavoz, Orlando Álvarez, indica que en 2006, ya con el actual ejecutivo, fueron aprobadas otras tres canteras que sin embargo fueron tramitadas por el PP, precisamente aquellas en cuya concesión ahora la UE ve "irregularidades". "Ni un solo desarrollo pizarrero en O Courel afecta a un espacio natural protegido", afirmó el conselleiro, antes de asegurar que "no habrá más canteras" en la zona.

Manuel Vázquez también comprometió a su departamento en la "recuperación medioambiental de 3.000 hectáreas absolutamente degradadas por explotaciones mineras de pizarra" que comprenden el espacio conocido como "buraco". Con este nombre, los ecologistas se refieren a un agujero abierto en la cartografía oficial de la Xunta: una operación del gobierno de Manuel Fraga (y asumida de momento por el actual) que, en 2004, eliminó de la Red Natura de O Courel una amplia extensión de terreno para conceder licencias de explotación a pizarreras.

El responsable autonómico de Medio Ambiente recordó, sin embargo, que "en O Courel, la gente sólo trabaja en la pizarra; los cien trabajadores que hay en Folgoso do Courel, trabajan en la pizarrera. Es muy fácil decir, 'oiga, cierre usted todo', pero la gente tiene que comer". Para Manuel Vázquez, los criterios que deben regir la política medioambiental en la montaña de O Courel son "ni un solo desarrollo pizarrero más y recuperar las 3.000 hectáreas degradadas". "En este desafío nos tenemos que implicar todos los departamentos del gobierno de manera transversal", concluyó Vázquez, ya que su consellería no es la única con competencias en estas concesiones: previamente, reciben el visto bueno de Innovación e Industria.

La Consellería de Medio Ambiente remitirá a la UE "las explicaciones de los proyectos para la zona" en respuesta al informe emitido por la Comisión de las Comunidades Europeas (CEE). No obstante, el requerimiento de la CEE debe pasar previamente por el ministerio de Industria. Ayer, desde este departamento del Gobierno central, se aseguraba a este diario que la documentación de Bruselas, 20 días después de hacerse pública, todavía no ha llegado a Madrid. Los trámites están demorando un proceso con fecha límite: la UE ha dado un plazo de dos meses al Gobierno para dar una respuesta sobre la legalidad de las cuatro canteras antes de emitir su dictamen definitivo. Si no lo cumple, la administración española podría perder las ayudas para O Courel y ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.