El acuerdo de los ex ediles suscita un amplio rechazo

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, sólo necesito cuatro palabras para calificar el acuerdo con el fiscal por el que los ex ediles del GIL de Marbella entre 1995 y 1999 se ahorrarán 70 juicios por prevaricación urbanística a cambio de pasar tres años en prisión. "No me gusta nada", se limitó a decir Alonso, quien como delegado de la Junta en Málaga en aquellos años impugnó decenas de licencias ilegales aprobadas por la corporación presidida por Jesús Gil.

Los términos del pacto han suscitado un rechazo unánime entre políticos y vecinos de Marbella. El único...

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, sólo necesito cuatro palabras para calificar el acuerdo con el fiscal por el que los ex ediles del GIL de Marbella entre 1995 y 1999 se ahorrarán 70 juicios por prevaricación urbanística a cambio de pasar tres años en prisión. "No me gusta nada", se limitó a decir Alonso, quien como delegado de la Junta en Málaga en aquellos años impugnó decenas de licencias ilegales aprobadas por la corporación presidida por Jesús Gil.

Los términos del pacto han suscitado un rechazo unánime entre políticos y vecinos de Marbella. El único colectivo que se mostró ayer favorable al pacto fue la Asociación de Fiscales, que lo calificó de "perfectamente legal".

El acuerdo establece que los ediles se conformarán con penas máximas de un año de cárcel en las decenas de causas abiertas por delitos contra la ordenación del territorio. Al tratarse como delitos conexos, la ley fija como límite máximo de cumplimiento de condena el triple de la mayor de las penas impuestas. Por ejemplo, si los ediles reciben diez condenas de prisión y la mayor es de un año, deberán cumplir tres años.

A cambio de esta conformidad, que permitirá agilizar la tramitación de estos delitos, el fiscal no pedirá la pena máxima que contempla el Código Penal para la prevaricación urbanística, que es de dos años de prisión. De no haber pacto y si los concejales fueran condenados a dos años, deberían cumplir seis.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), afirmó ayer que "sale muy barato hacer lo que se ha hecho en Marbella" y pidió a la Fiscalía General del Estado que dé "explicaciones" sobre el pacto. Por su parte, IU, que ejerce la acusación particular en una docena de asuntos urbanísticos, anunció que "ejercerá su derecho para obligar a que se celebren los juicios".

"Si estar dos años en la cárcel supone resolver mi situación económica y la de mis hijos y nietos, habría que ir pensándoselo", dijo el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella, Alejandro Dogan.