Análisis:EL ACENTO

Al servicio del paisano

El consejero de Justicia del Gobierno de la Comunidad Valenciana pidió ayer la intervención del Consejo del Poder Judicial para que el continuo cambio de titulares del juzgado de Nules (ocho jueces en cuatro años) no siga aplazando la resolución del caso Fabra: la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castellón y hombre fuerte del PP en esa provincia, Carlos Fabra. La Unión de Consumidores de España (UCE), personada como acusación popular, había solicitado algo similar en el pasado.

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El consejero de Justicia del Gobierno de la Comunidad Valenciana pidió ayer la intervención del Consejo del Poder Judicial para que el continuo cambio de titulares del juzgado de Nules (ocho jueces en cuatro años) no siga aplazando la resolución del caso Fabra: la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castellón y hombre fuerte del PP en esa provincia, Carlos Fabra. La Unión de Consumidores de España (UCE), personada como acusación popular, había solicitado algo similar en el pasado.

En España habrá seguramente personas con más poder que Fabra, pero difícilmente alguien con tanta influencia en una provincia concreta como la de este hombre en la suya. Ello alimenta la sospecha de que jueces de paso prefieran no comprometerse en un asunto tan espinoso; pero aunque no fuera así, es absurdo que el Poder Judicial no tenga medios para garantizar que el nombrado vaya a culminar el sumario.

Perteneciente en tercera o cuarta generación a una saga familiar de notables locales con negocios y gran influencia política, el estilo de actuación pública de Fabra bien podría calificarse de caciquil, si por tal entendemos, con el Diccionario de la Real Academia (edición de 1884), la forma de actuar de las "personas principales de un pueblo que ejercen excesiva influencia en asuntos políticos y administrativos". De eso mismo está acusado en relación al supuesto cobro de cantidades millonarias por intervenir ante varios ministerios para agilizar ciertas autorizaciones.

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Tampoco encajarían mal las definiciones que ponen el acento en el poder clientelar como rasgo esencial del caciquismo: de los 32 cargos de libre designación contratados por la diputación, 25 son personas vinculadas familiarmente con ediles o diputados del PP o con el propio Fabra. Una hija suya fue nombrada senadora por designación autonómica en 2007, sin haber pasado por proceso electoral previo. Un patricio de la restauración,

el marqués de Pidal, definió el caciquismo como "el noble anhelo de mortificarse para servir al paisano".

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