Un ex alto cargo exculpa a Feijóo del plan de Ourense

El director general de Urbanismo durante la etapa en la que Alberto Núñez Feijóo estuvo al frente de la Consellería de Política Territorial, Martín Fernández Prado, sostiene que este departamento no es competente y, por lo tanto, tampoco responsable de las condiciones en que se aprueban los planeamientos municipales. Fernández Prado señala que "para la Xunta es suficiente con lo que certifica el ayuntamiento" y advierte que en el caso de haber algún responsable de las irregularidades del planeamiento orensano (el PP aprobó en pleno un documento distinto y con mayor volumen de edificabilidad qu...

El director general de Urbanismo durante la etapa en la que Alberto Núñez Feijóo estuvo al frente de la Consellería de Política Territorial, Martín Fernández Prado, sostiene que este departamento no es competente y, por lo tanto, tampoco responsable de las condiciones en que se aprueban los planeamientos municipales. Fernández Prado señala que "para la Xunta es suficiente con lo que certifica el ayuntamiento" y advierte que en el caso de haber algún responsable de las irregularidades del planeamiento orensano (el PP aprobó en pleno un documento distinto y con mayor volumen de edificabilidad que el que expuso al público) sería el secretario municipal, "en tanto que técnico que certificó su legalidad". En opinión del ex director general, la aprobación definitiva concedida por la consellería es un trámite, ya que no cuestiona "la validez de los acuerdos municipales".

La concejal de Urbanismo pide la intervención de la Fiscalía

Fernández Prado firmó el 23 de abril de 2003 la advertencia que la Consellería de Política Territorial envió al Ayuntamiento de Ourense informando de que había una denuncia de un particular "relacionada con el trámite de información pública" y pidiendo que el secretario le enviara certificación de que el planeamiento se había sometido a información pública. Alcalde y secretario firmaron el certificado que se les demandaba, pero la denuncia del promotor Delio Óscar Santalices no se refería a que no se hubiera realizado la información al público, sino que alertaba de un supuesto delito de falsedad en documento público. "La consellería no puede atender las demandas de los particulares, porque recibe miles de ellas", destaca el ex director general.

La actual edil de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, reconoce que "lo lógico sería la corresponsabilidad de las dos administraciones". Sin embargo, advierte que "es evidente que no fue así, ya que ambas partes tenían perfecto conocimiento de las graves irregularidades que ocurrían con el planeamiento y ninguna hizo nada".

Soto reclama que "desde otras instancias", en alusión a una actuación de oficio de la Fiscalía, se aclare lo sucedido con el planeamiento urbanístico "por higiene social" considerando que durante los últimos años del gobierno del PP en Ourense "llegaron a secarse las Burgas por primera vez en la historia y como consecuencia de unas recalificaciones de terrenos".

El fallo judicial sobre Ourense, así como las resoluciones que hacen referencia al urbanismo del Ayuntamiento de O Pino o la recalificación de una finca en Vigo, son para el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, argumentos que dejan a Feijóo "claramente inhabilitado" para "exigir a sus compañeros de partido que cumplen con la legalidad urbanística".

"Ahora podemos entender que el señor Núñez Feijóo, cada vez que hay un asunto que tenga que ver con la legalidad o tropelías urbanísticas de un alcalde de su partido, normalmente, mira para otro lado", enfatizó.

Rego sostuvo que el PGOM de Ourense se aprobó "a sabiendas de que los planes que habían expuesto al público no eran los mismos que se sometieron a aprobación". Aconteció "lo mismo", recordó, con la aprobación de la recalificación de una finca en Vigo en un terreno para hacer un centro comercial. "También sabía que estaba haciendo una actuación contra la legislación urbanística", precisó.

Y con la aprobación del PGOM del Ayuntamiento de O Pino, al reservar para zona industrial "una parte importantísima del Camino de Santiago".

Rego exigió explicaciones a Feijóo y al anterior alcalde, Manuel Cabezas. "Deberán explicar a favor de qué intereses cometieron esas irregularidades que contravienen la legalidad urbanística", advirtió.