25 detenidos por falsificar contratos para inmigrantes
Algo sonaba sospechoso en una empresa dedicada al cultivo de flores y plantas ornamentales. Era imposible que este negocio estuviera radicado en dos pisos del distrito de Villaverde. Los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal han logrado desarticular una red que se dedicaba a hacer contratos falsos para que los inmigrantes consiguieran los permisos de residencia y trabajo.
La organización había defraudado casi 669.000 euros a la Tesorería de la Seguridad Social. Han sido detenidas 25 personas en la operación. De ellos, 22 eran nigerianos residentes en Madrid y Toledo, ...
Algo sonaba sospechoso en una empresa dedicada al cultivo de flores y plantas ornamentales. Era imposible que este negocio estuviera radicado en dos pisos del distrito de Villaverde. Los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal han logrado desarticular una red que se dedicaba a hacer contratos falsos para que los inmigrantes consiguieran los permisos de residencia y trabajo.
La organización había defraudado casi 669.000 euros a la Tesorería de la Seguridad Social. Han sido detenidas 25 personas en la operación. De ellos, 22 eran nigerianos residentes en Madrid y Toledo, según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La organización había creado dos empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad, formalizaba contratos y gestionaba el alta en la Seguridad Social a inmigrantes. Les cobraba entre 600 y 2.000 euros. Los responsables de la red tenían dadas de alta las empresas en las calles de Godella y Anoeta. En los dos últimos años, habían estafado 669.000 euros. Algunos trabajadores llegaron a cobrar incluso las prestaciones por desempleo y las compensaciones por maternidad.
Al frente de estas dos empresas estaban dos abogados, de 33 y 40 años, de nacionalidad nigeriana, y una mujer de 30 años española. También han sido arrestados 22 inmigrantes acusados de falsedad en documento público.
300 euros al mes
Los responsables de las compañías proporcionaban la documentación que debían firmar los inmigrantes y la presentaban en las oficinas de extranjeros. El trabajo policial consistió en identificar a los inmigrantes, según fuentes del caso. Algunos se negaron a declarar, mientras que otros contaron su relato a los agentes. En algunos casos, llegaban a pagar hasta 300 euros al mes para hacer frente a los pagos de la Seguridad Social. Estas cantidades nunca llegaban al Estado; la organización se las quedaba.
Se dio la paradoja durante las investigaciones de que los inmigrantes pidieron que les asistiera un abogado que conocían. Se trataba de uno de los apoderados de las empresas fantasma, por lo que fue anulada su asistencia letrada y detenido en el acto, según fuentes policiales.
La policía, que desconoce el número exacto de personas que fueron estafadas, mantiene abierta la investigación para detener a más responsables de la organización.
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