El recurso se le pone al PP muy cuesta arriba

Con un Pleno integrado por cinco magistrados progresistas y tres del sector conservador, el recurso de inconstitucionalidad contra ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se le ha puesto al PP un tanto cuesta arriba. Y sin embargo, la prórroga del mandato de la presidenta ha sido una cuestión que hasta los propios recusados aseguran que habrían votado si no se hubiese impuesto a última hora por los socialistas en la reforma.

Pero en mayo de 2007, cuando se reforma la ley, las secuelas de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps para participar en el pleno del Estatuto de ...

Con un Pleno integrado por cinco magistrados progresistas y tres del sector conservador, el recurso de inconstitucionalidad contra ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se le ha puesto al PP un tanto cuesta arriba. Y sin embargo, la prórroga del mandato de la presidenta ha sido una cuestión que hasta los propios recusados aseguran que habrían votado si no se hubiese impuesto a última hora por los socialistas en la reforma.

Pero en mayo de 2007, cuando se reforma la ley, las secuelas de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps para participar en el pleno del Estatuto de Cataluña estaban a flor de piel. Aquella primera recusación en la historia del Tribunal hizo temer entonces un más que probable asalto del sector conservador a la presidencia, lo que, unido al bloqueo de la renovación -éste nada virtual, pues el tribunal debía haber sido renovado en diciembre- hubiese dejado toda la legislatura de Zapatero al alcance de los magistrados conservadores.

En cambio, el resultado de las elecciones del pasado día 9 deja mucho más despejado el horizonte, y no sólo en cuanto al recurso del PP sobre la ley del Tribunal.

Además de la prórroga de la presidenta y el vicepresidente, los populares impugnaron el artículo 16.1 de la ley del Tribunal, que estableció por primera vez la participación de las comunidades autónomas en la elección de magistrados del Constitucional. Es decir, en vez de elegir el Senado directamente a los cuatro magistrados constitucionales que le corresponden, los elegirá entre los candidatos propuestos por los parlamentos autónomos.

El PP recurrió la inconstitucionalidad de este precepto porque, en su opinión, "pervierte de raíz el modelo constitucional y abre perspectivas insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas". Y eso a pesar de que el presidente fundador del partido, Manuel Fraga, defendió en 2002 la participación autonómica en el Tribunal, precisamente con esta fórmula.

Entre las reacciones a la expulsión del pleno de la LOTC de ambos magistrados, la asociación centrista Francisco de Vitoria la consideró "razonable", dado que, según su portavoz, el magistrado Lorenzo del Río, "desde el momento en que esos magistrados habían expresado una determinada opinión, parece que era inevitable aceptar la recusación".

También Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, entendió, según su portavoz, Jaime Tapia, que la doble recusación responde "a la doctrina que el propio Tribunal había elaborado".

El portavoz parlamentario el PSOE, Diego López Garrido, opinó que la decisión del Tribunal, unida a la anterior reprobación por "fraude de ley" y "abuso de derecho", "completa un panorama donde aparece el fracaso del intento de manipulación de las instituciones por parte del PP".