La decisión judicial se incumple en un tercio de los divorcios
La mayoría de los casos se dan por impago de pensiones
Las medidas que los jueces imponen a uno o los dos cónyuges en los casos de divorcio y separación se incumplen en el País Vasco en un tercio de los casos, bien sea por el impago de las pensiones compensatorias, bien por el incumplimiento del régimen de visitas. Los juzgados de la comunidad autónoma realizan por esta causa unas 1.500 ejecuciones forzosas cada año, de las que el 75% deriva de procedimientos en los que no existe un acuerdo previo. El Departamento de Justicia presentó ayer el análisis de los datos de separaciones y divorcios del sexenio 2002-2007, realizado en colaboración con los...
Las medidas que los jueces imponen a uno o los dos cónyuges en los casos de divorcio y separación se incumplen en el País Vasco en un tercio de los casos, bien sea por el impago de las pensiones compensatorias, bien por el incumplimiento del régimen de visitas. Los juzgados de la comunidad autónoma realizan por esta causa unas 1.500 ejecuciones forzosas cada año, de las que el 75% deriva de procedimientos en los que no existe un acuerdo previo. El Departamento de Justicia presentó ayer el análisis de los datos de separaciones y divorcios del sexenio 2002-2007, realizado en colaboración con los juzgados de familia.
Los siete juzgados de familia recibieron el año pasado 3.280 casos
Entre 2002 y 2007 se tramitaron más de 20.000 divorcios y separaciones
El informe destaca que la puesta en marcha del denominado divorcio express, entre otras reformas legislativas, ha supuesto la práctica desaparición de los procedimientos de separación y que la ruptura matrimonial ya casi sólo se realiza mediante el divorcio. En los siete juzgados de familia del País Vasco ingresaron el año pasado 3.280 asuntos, mientras que fueron 3.217 el año anterior, 4.121 en 2005, cuando entró en vigor la nueva ley, y 3.697 en 2004. Sumando las cifras de 2002 y 2003, estos juzgados han tramitado en todos el sexenio 20.830 divorcios y separaciones.
Estas cifras no incluyen los procedimientos tramitados en otro tipo de juzgados. Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados (Kidetza) precisa que los divorcios y separaciones ascendieron a un total de 6.242 en 2005 y 5.502 en 2006, tendencia que se ha mantenido el año pasado.
Los datos del estudio que presentó el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, trasladan la realidad de todas estas rupturas. En principio, no parece que el acceso directo al divorcio haya supuesto mayor conflictividad. El aumento de procedimientos contenciosos se queda en un 4,2% con respecto al total de asuntos ingresados los últimos cinco años. El divorcio de mutuo acuerdo es la modalidad más usada.
Otra cosa es el día después. La crisis económica, la subida de las hipotecas, la dudosa redacción de la ley, el rencor... son innumerables los factores que llevan a que se incumpla la decisión del juez.
Como revela el estudio, las ejecuciones forzosas se deben en un 70% de los casos al incumplimiento de pago de las pensiones acordadas en la sentencia, de las que el 37% corresponde a la ayuda en alimentos y el otro 33% a pensiones compensatorias o ambas. El 30% de casos restantes se refiere al no respeto al régimen de visitas, capítulo en donde se registran las demandas por la vía penal, ya que las medidas coercitivas de embargo (efectivas por el procedimiento civil) no se pueden aplicar.
Azkarraga destacó la necesaria apuesta por "la cultura del mutuo acuerdo y la mediación familiar", ya que los incumplimientos de sentencia se producen en un 75% en los procedimientos contenciosos. También llamó la atención sobre las consecuencias negativas que tienen en los hijos todos estos conflictos, "tanto en el aspecto económico como en el emocional".
Un fondo más generoso
El divorcio llega muchas veces acompañado por la crisis económica del perdedor en el conflicto, el marido en un 95% de los casos.
Lo más urgente, para Justo Sáenz, presidente de Kidetza, es la puesta en marcha del fondo público para impagos de pensiones que el Parlamento ha instado al Gobierno que haga efectivo antes de junio. El fondo está previsto en la ley de Igualdad, aprobada hace tres años, pero hasta ahora no se a puesto en marcha. Sáenz pide que "no sea cicatero como el aprobado en España", que supone 100 euros mensuales por hijo para progenitores con un sueldo neto de 750 euros al mes, apunta. "Nuestra propuesta es de 300 euros por hijo, incluidos mayores de edad en situación de necesidad, con un padre o madre con un sueldo de 1.000 euros. En nuestro estudio, sólo el 16% de los separados cumple estas condiciones. No es tanto dinero y se resolverán situaciones angustiosas", añade.
Para evitar el incumplimiento de sentencias, la solución pasa por cambiar la ley. El modelo, según Sáenz, es Francia. "Custodia compartida, liquidación de bienes gananciales y mediación familiar en los casos más conflictivos", resume. La abogada Ana Quintana también entiende que la venta del piso resolvería muchos problemas derivados del divorcio. "Muchos conflictos de custodia vienen derivados de ver quién se queda con el piso. Se hace un uso frívolo de las denuncias", explica.
Quintana y Sáenz hablan de procesos sin violencia, en los que pesa más el rencor y la picaresca en el uso de la ley. Rencor que lleva a que, por ejemplo, un hombre que ganaba 4.000 euros al mes se encuentre tras la ruptura que le quedan 800 para vivir. Picaresca, la de tantos autónomos y profesionales liberales que aducen falta de ingresos para pagar la pensión. "Lo mejor es que la resolución de estos conflictos pase a se competencia de las diputaciones", concluye Sáenz.