Valencia pagará los cuadros perdidos de Ruiz de Lihory
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar a la familia del político valenciano del siglo XIX José Ruiz de Lihory por la pérdida de unos cuadros que se encontraban depositados en unas dependencias municipales. La querella fue presentada por Soledad Ruiz de Lihory y Sempere, descendiente del político valenciano de tendencia monárquica que fue presidente de Lo Rat Penat, tras comprobar que varias obras habían desaparecido tras una orden de desahucio, en 1995, de una vivienda de sus padres, los condes de Val del Águila.
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La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar a la familia del político valenciano del siglo XIX José Ruiz de Lihory por la pérdida de unos cuadros que se encontraban depositados en unas dependencias municipales. La querella fue presentada por Soledad Ruiz de Lihory y Sempere, descendiente del político valenciano de tendencia monárquica que fue presidente de Lo Rat Penat, tras comprobar que varias obras habían desaparecido tras una orden de desahucio, en 1995, de una vivienda de sus padres, los condes de Val del Águila.
Las obras de arte, inventariadas y cifradas en unas 200, se depositaron en un almacén del servicio de Patrimonio Histórico, en concreto en las Torres de Serranos. Entre ellas, se encontraba una acuarela de Delacroix dedicada al barón de Alcalalí y Mosquera (bisabuelo de Soledad), así como otros retratos atribuidos a los pintores Vergara y Vicente López. Algunos de los cuadros fueron recuperados, en concreto se hallaron siete en un despacho municipal, pero del resto de las obras que llegaron al almacén, calificado por el abogado de la familia, Martín de Oleza y Peris, como "la cueva de Alí Babá", nunca más se supo.
Tras 12 años de pleitos, el Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano por malversación de bienes que condenó al Consistorio valenciano a pagar 240.000 euros, y eleva la indemnización a 300.000. El fallo constata que el Ayuntamiento no intentó "averiguar" el paradero de los cuadros.