Elche expedienta a otro edil del PP por obras ilegales
Levantó una segunda planta en una nave industrial sin licencia municipal
Una empresa propiedad de la concejal del PP ilicitano Consuelo Campello tiene abierto un expediente por infracción urbanística por la construcción de 240 metros cuadrados sin licencia en suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Elche decretó la demolición de esta construcción hace un mes. Se trata de una segunda planta levantada sobre una nave industrial propiedad de esta edil.
El concejal de Urbanismo, el socialista Alejandro Pérez, denunció ayer la pasividad de la portavoz del Grupo Popular municipal, Mercedes Alonso, frente a este caso que se suma al del también concejal de su grupo ...
Una empresa propiedad de la concejal del PP ilicitano Consuelo Campello tiene abierto un expediente por infracción urbanística por la construcción de 240 metros cuadrados sin licencia en suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Elche decretó la demolición de esta construcción hace un mes. Se trata de una segunda planta levantada sobre una nave industrial propiedad de esta edil.
El concejal de Urbanismo, el socialista Alejandro Pérez, denunció ayer la pasividad de la portavoz del Grupo Popular municipal, Mercedes Alonso, frente a este caso que se suma al del también concejal de su grupo Manuel Botella, expedientado también por construir dos viviendas sin licencia. Pérez afirmó que Alonso no puede tomar cartas en el asunto porque la irregularidad urbanística cometida por Campello, "esta siendo defendida frente a la Administración por el despacho de abogados donde ejercía Mercedes Alonso antes de dedicarse en exclusividad a la política".
Tras conocerse la irregularidad urbanística cometida por la edil popular Consuelo Campello, que dispone de un mes de plazo para derribar la obra ilegal, Alonso manifestó ayer que estas denuncias constituyen una "caza de brujas" contra los miembros de la oposición. Alonso explicó que los socialistas de Elche están nerviosos y "están siguiendo a pie juntillas las directrices de Zapatero de tensionar la campaña". Alonso no desmintió que la obra realizada por la empresa de la concejal popular careciera de licencia urbanística. El expediente se incoó en 2005 y se determinó que la obra no se podía legalizar, por lo que se decretó el derribo y una multa de 8.170 euros. Si la propietaria, en el plazo de un mes, no ejecuta este decreto, se advierte de que lo hará el propio Consistorio de manera subsidiaria.