Vivenda rebaja al 20% la reserva de pisos protegidos en las villas

Teresa Táboas cede ante las reclamaciones de la Fegamp y Política Territorial

La ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que el Consello de la Xunta aprobará este mismo mes, elevará al 40% la reserva obligatoria de suelo en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Para las villas medias hay cambios: una vez pasado los trámites ante el Consello Consultivo y el Consello Económico e Social, y ante las demandas de empresarios, alcaldes y la Consellería de Política Territorial, las que no alcancen los 20.000 habitantes deberán reservar el 20%, en vez del 30% inicialmente previsto. Los pueblos menores de 5.000 habitantes quedarán exentos.

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La ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que el Consello de la Xunta aprobará este mismo mes, elevará al 40% la reserva obligatoria de suelo en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Para las villas medias hay cambios: una vez pasado los trámites ante el Consello Consultivo y el Consello Económico e Social, y ante las demandas de empresarios, alcaldes y la Consellería de Política Territorial, las que no alcancen los 20.000 habitantes deberán reservar el 20%, en vez del 30% inicialmente previsto. Los pueblos menores de 5.000 habitantes quedarán exentos.

La Consellería de Vivenda, que dirige la nacionalista Teresa Táboas, rebajó las exigencias con escaso entusiasmo, aunque con el convencimiento de que la parte fundamental de la ley se mantiene intacta: la que establece las reservas de suelo en los grandes ayuntamientos, en los que se concentra la mayor parte de la demanda de vivienda social.

El proyecto de ley sufre otro cambio respecto al presentado en abril de 2007 por Táboas y la conselleira de Política Territorial, María José Caride. Si en aquella ocasión anunciaron que los ayuntamientos debían destinar la mitad de los aprovechamientos lucrativos a vivienda social, finalmente la ley se limita a recomendar que, "preferentemente", se destine a pisos a precio tasado. Se descarta por lo tanto la prohibición de monetarizar esa mitad de las cesiones del 10% que realizan los promotores, y que pasan a engrosar el patrimonio municipal del suelo.

La ley la tramitan conjuntamente las consellerías de Vivenda y Política Territorial, ya que se trata de una reforma de ocho artículos de la Ley del Suelo, que depende del departamento de Caride.

Viviendas de promoción oficial en construcción en el entorno de Santiago.ANXO IGLESIAS
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