Carmen Fernández murió sin justicia

Brindaba con agua. En la última década, tras perder a sus hijos menores por alcoholismo, se había convertido en una abstemia radical. Para celebrar las últimas Navidades, pidió bombones, gambas y un póster de David Bisbal.

Pero en las últimas Navidades ya no brindó. Carmen Fernández Fernández, de 49 años, falleció en Madrid debido a un cáncer el 7 de diciembre. Antes de catar los bombones que le pidió a su abogado, Gabriel Velamazán. Antes de saber que el Tribunal Constitucional zanjaba 12 años de pleitos contra la Junta de Andalucía por la retirada de sus dos hijos menores en 1996. Mur...

Brindaba con agua. En la última década, tras perder a sus hijos menores por alcoholismo, se había convertido en una abstemia radical. Para celebrar las últimas Navidades, pidió bombones, gambas y un póster de David Bisbal.

Pero en las últimas Navidades ya no brindó. Carmen Fernández Fernández, de 49 años, falleció en Madrid debido a un cáncer el 7 de diciembre. Antes de catar los bombones que le pidió a su abogado, Gabriel Velamazán. Antes de saber que el Tribunal Constitucional zanjaba 12 años de pleitos contra la Junta de Andalucía por la retirada de sus dos hijos menores en 1996. Murió seis semanas antes de que los jueces de la sala segunda dijesen que hacer justicia era darle la razón.

"Era educada, un poco desconfiada e inmensamente triste"

Por undécima vez un órgano judicial le daba razón. Pero murió sin que se hiciera justicia. Jamás normalizó la convivencia con sus dos hijos a pesar de que los tribunales consideraron "ilegítimo" haberla privado de ellos tras su rehabilitación.

Ganó cuando ganar ya no le importaba nada. "Tenía problemas muchísimo más graves, el dinero le importaba poquísimo", asegura su letrado. Ni era importante ni era suficiente. La propia Carmen, en junio de 2006, afirmaba: "No hay dinero en el mundo que me compense por estos años, como no hay dinero que me compense por una enfermedad irreversible ni por devolverme la salud a mí o a mis hijos".

En su reciente sentencia, el Tribunal Constitucional confirmó que la Junta deberá pagar 1,7 millones de euros por lo ocurrido. Serán sus herederos los beneficiarios de la suma. Entre ellos, por imperativo legal, estarán sus cuatro hijos. Los dos nacidos de su primer matrimonio. Y los dos, fruto de una segunda relación, declarados en desamparo en Sevilla cuando vivían desatendidos en Las Vegas, el barrio sin ley del Polígono Sur.

La millonaria indemnización fue fijada por la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla atendiendo al dolor que le causó separarse de los niños y a la renuncia a la expectativa de recuperarlos por el tiempo transcurrido hasta el fallo a favor. Para entonces, los críos tenían 10 y 11 años. Y en alguna ocasión habían escuchado que su madre estaba muerta. Más de la mitad de su vida había transcurrido en Dos Hermanas, en la casa de una familia que los acogió pensando en adoptarlos y que acudió al Constitucional al sentirse desoída en el proceso. Unos acogedores con intereses contrapuestos a los de Carmen Fernández, que hicieron todo lo que pudieron para evitar perder a unos menores que el servicio de protección les entregó como adoptables. Entre las armas que empleó la pareja no siempre figuraron las más limpias: el cambio de apellidos de los críos pese a no estar adoptados legalmente. Se descubrió cuando la mayor, al cumplir los 13 años, exigió retornar con su madre biológica, dijesen jueces, acogedores y funcionarios lo que dijesen.

"Fue el día que vi a Carmen más feliz", revive Velamazán. Madre e hija se reencontraron a las espaldas de los juzgados. Carmen Fernández recuperó así una parte de lo perdido, pero no la otra. La última vez que vio a su hijo menor fue en 2000. "Iba llorando, pobrecito, fue en un punto de encuentro familiar, pero no hay día en que no piense en él", rememoraba durante una entrevista con este diario en junio de 2006.

A aquella Carmen Fernández llegó con un cuerpo infantil, achicado por una cadena de enfermedades, algunas vinculadas por los jueces a su "calvario" como una depresión reactiva crónica. Ya se había mudado a Madrid, donde residían sus hijos mayores, sus hermanos y su madre. En los últimos tiempos, antes de ser anulada por la metástasis, cuidó de una hermana enferma y una madre mayor. Una existencia que parece salida de la pluma de Dickens o de un guión de Loach. Con un agravante: fue real.

"Jamás he conocido a nadie con una vida tan terrible", confiesa Velamazán, que acabó saltándose todas las barreras profesionales para implicarse plenamente en la vida de una clienta a la que siempre trató de usted y llamó en público doña Carmen. Un ejercicio de compensación frente a quienes la desdeñaban por su superado alcoholismo y su halo de tragedia. "Era educada, un poco desconfiada e inmensamente triste", la describe Asunción García Acosta, la fundadora de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, que siempre ha batallado al lado de las madres biológicas que se oponían a la retirada de sus hijos.

Tras perder a los niños, Carmen Fernández afrontó su alcoholismo en una asociación y comenzó su lucha para recuperarlos. Con escasos medios -trabajó de limpiadora y cocinera- y suficiente indignación. Ella fue una de las promotoras del encierro y la huelga de hambre que un grupo de madres biológicas protagonizó en Sevilla en 2001 en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Una protesta que cuestionó las decisiones del sistema de protección de menores en más de un caso. Batalló con concentraciones, pancartas y visitas a medios de comunicación mientras creyó que podría cambiar el rumbo de las cosas. Finalmente la venció la enfermedad y el escepticismo. Ganó la batalla definitiva cuando ya no significaba nada. Tan deteriorada que su madre, en una visita, no la reconoció a primera vista. Murió sola.- Audiencia Nacional. Reclamación patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ante la lentitud del proceso (12 años).

- Tribunal Supremo. Reclamación por la retención durante un año de la indemnización concedida por la Audiencia de Sevilla en una sentencia.

- TSJA. Reclamación patrimonial por el mal funcionamiento de la Junta de Andalucía.