El TSJA anula una licencia en Ogíjares por duplicar altura
Siete vecinos de Ogíjares (Granada) vieron hace unos años cómo se levantaban ante ellos unos edificios de cuatro plantas que arruinaban sus vistas hacia Sierra Nevada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha atendido esta semana sus reclamaciones al anular los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento, al considerarlos "un fraude de ley", según avanzó ayer el diario Granada Hoy.
La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz ha dictaminado que el convenio firmado con cuatro constructoras e inmobiliarias se apartó "del fin de interés g...
Siete vecinos de Ogíjares (Granada) vieron hace unos años cómo se levantaban ante ellos unos edificios de cuatro plantas que arruinaban sus vistas hacia Sierra Nevada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha atendido esta semana sus reclamaciones al anular los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento, al considerarlos "un fraude de ley", según avanzó ayer el diario Granada Hoy.
La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz ha dictaminado que el convenio firmado con cuatro constructoras e inmobiliarias se apartó "del fin de interés general exigible al mismo". El consistorio, gobernado en 2000 por Miguel Ángel Muñoz (PSOE), aumentó la edificabilidad de los bloques y permitió que se levantaran pisos con 15 metros, más del doble de altura permitida, de sólo siete metros. El consistorio puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
El TSJA recuerda que los convenios urbanísticos deben justificar que son "convenientes respecto del interés general" y mantener una "coherencia de lo convenido con el modelo y las estrategias territoriales que fije el planeamiento en vigor". Justo lo que ignoró el consistorio.
Las licencias de edificación concedidas por el ayuntamiento ni se adaptaban a las normas subsidiarias, "ni tampoco podían concederse al amparo de un futuro planeamiento, cuyos trámites ni siquiera se habían iniciado". De este modo, el consistorio y las empresas Plaza Villamena, Provezu, Barrero y Figueroa Promociones y Platpor, se enfrentarán a una solución que deberán pactar con los siete vecinos afectados, si el Tribunal Supremo decide hacer firme la sentencia.