Dos empresarios elevan a 10 los encarcelados
Los empresarios Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco han sido los últimos imputados que el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, ha enviado a prisión. Ambos empresarios se encontraban en busca y captura desde el pasado día 27 de diciembre por no haberse presentado ante un requerimiento del juez Torres.
El pasado martes se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Desde allí fueron trasladados a los juzgados de la plaza de Castilla para declarar ante el j...
Los empresarios Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco han sido los últimos imputados que el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, ha enviado a prisión. Ambos empresarios se encontraban en busca y captura desde el pasado día 27 de diciembre por no haberse presentado ante un requerimiento del juez Torres.
El pasado martes se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Desde allí fueron trasladados a los juzgados de la plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor.
Julián Rubén López y Eduardo Agustino eran los directivos de AC 93 y Agustino Proyectos e Instalaciones, dos de las empresas investigadas por hacer de intermediarias entre los empresarios y los funcionarios que cobraban comisiones por agilizar licencias de locales de ocio.
Admiten pagos
Los últimos encarcelados fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza con la condición de presentarse periódicamente ante el juez. El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de Impacto Medioambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a fin de que agilizara las licencias de sus locales.
El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención. Por eso se encontraban en busca y captura de la justicia. Se trata de la segunda parte de la investigación en el que el juez dilucida el papel de los conseguidores, personas que ponían en contacto a funcionarios y empresarios.
La primera parte se extenderá hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados hasta ahora en la causa, así como las personas que actuaron como intermediarios.
Hasta el momento, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de 10 personas cumplen ya prisión preventiva, entre ellos Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.