Las voces del odio
Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto de disolución de las Cortes, que entrará en vigor tras su publicación el próximo martes en el Boletín Oficial. A partir de ese momento empezarán a correr los plazos de las etapas sucesivas del proceso electoral, que desembocará 55 días después en el recuento de las urnas. Como ya sucedió al concluir la legislatura 1993-1996, también desventrada por un PP impaciente de llegar al poder, se derramarán pocas lágrimas ante el túmulo de unas cámaras que, lejos de suavizar las tensiones, exasperaron los ánimos.
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Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto de disolución de las Cortes, que entrará en vigor tras su publicación el próximo martes en el Boletín Oficial. A partir de ese momento empezarán a correr los plazos de las etapas sucesivas del proceso electoral, que desembocará 55 días después en el recuento de las urnas. Como ya sucedió al concluir la legislatura 1993-1996, también desventrada por un PP impaciente de llegar al poder, se derramarán pocas lágrimas ante el túmulo de unas cámaras que, lejos de suavizar las tensiones, exasperaron los ánimos.
En la memoria de los ciudadanos quedará el recuerdo de cuatro desagradables años de agria vida parlamentaria. La cámara para la discusión racional y la negociación democrática de los conflictos sociales e ideológicos fue transformada en simple caja de resonancia y amplificación de la guerra desatada por la dirección del PP para recuperar al abordaje el poder perdido el 14-M. Animado por la estrategia de crear un asfixiante clima que forzase -como en 1996- una disolución anticipada de las Cortes, el PP no vaciló en recurrir a todos los medios -por inmorales o fraudulentos que fueran- puestos a su alcance, incluida la manipulación partidista de la lucha antiterrorista y de sus víctimas.
Se cierra la legislatura tras la detención de dos miembros de ETA acusados del atentado de Barajas
La plana mayor del PP acusó al presidente Zapatero de haber firmado con ETA unos pactos secretos que implicaban la capitulación del Estado de derecho ante la banda terrorista, traicionaban la memoria de las víctimas y concedían la independencia a una Euskal Herria formada por el País Vasco y el Viejo Reino de Navarra. El delirio llegó hasta el extremo de que los dirigentes populares apoyaron la teoría de la conspiración fraudulentamente construida por el diario El Mundo y la Radio de los Obispos; según ese fabulado embuste, el atentado del 11-M habría sido planeado por ETA, la policía española y los servicios extranjeros -con el PSOE al fondo- para dar la presidencia a Zapatero.
El terrorismo no podía faltar a la cita en las postrimerías de esta amarga legislatura del odio. La detención hace ocho días en Mondragón de dos etarras -imputados después como autores del atentado de la T-4 de Barajas- dio lugar a una denuncia por malos tratos y a la apertura de unas diligencias judiciales que serán resueltas en su día por los tribunales como corresponde al Estado de derecho. El PP no ha podido resistir, en todo caso, a la tentación de seguir aplicando el ascua del terrorismo a su sardina electoralista; esta vez ha sido a propósito de la eventual ilegalización por el Supremo de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas como segundas marcas de Batasuna, disuelta en 2003 de conformidad con la ley de partidos como brazo político de ETA. Pero la convocatoria urgente -exigida por el PP- de un Pleno del Congreso previo a la disolución de las Cortes el martes para respaldar esa demanda era innecesaria: bastaría con la acción de la fiscalía y el Gobierno.