El juez imputa de nuevo por prevaricación al alcalde de Oropesa
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003, durante la que Albert aún no era alcalde. Sin embargo, en agosto de ...
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003, durante la que Albert aún no era alcalde. Sin embargo, en agosto de 2005, el popular convocó un pleno urgente para cambiar la calificación del suelo y, de esta manera, legalizar la obra.
La convocatoria se realizó en un día en el que el edil del Bloc, Josep Lluís Romero, el único que ha mantenido una actitud crítica en el Ayuntamiento, no podía acudir al Consistorio, tal como había manifestado con anterioridad. Pese a ello, el pleno se celebró y el equipo de gobierno del PP aprobó la recalificación.
Poco después, Romero presentó alegaciones a la celebración del pleno pero no únicamente por la urgencia, no razonada, sino porque la propuesta de acuerdo no incluía los metros que cambiaban de calificación. Finalmente, el Ayuntamiento anuló el pleno al aceptar que la urgencia no estaba justificada pero no entró a valorar los otros defectos alegados por el concejal del Bloc. Para entonces, un particular ya había presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 4 de Castellón, en la que acusaba a la Corporación que gobernó entre 1999 y 20003 de un presunto delito de prevaricación. Tras más de un año de diligencias, el juez imputó al ex alcalde, el independiente Francisco Garrido, a tres ex concejales y el arquitecto municipal ante la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.
Bañuelos, pendiente
Ahora, ha extendido la imputación al actual alcalde de Oropesa, Rafael Albert, mientras está pendiente de que decida si acepta la solicitud realizada por la fiscalía de imputar también a los promotores y constructores del edificio, entre los que se encuentra el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos. Albert ya declaró por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries.