Una nueva oportunidad para la paz
La aprobación de la Ley del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) a finales del año pasado en el Parlament es, sin ninguna duda, una magnífica noticia para todas las personas y entidades sensibilizadas por la paz.
En primer lugar, supone un reconocimiento al importante patrimonio de iniciativas ciudadanas por la paz. Algunas de estas iniciativas están bien presentes en nuestra memoria: las movilizaciones contra la OTAN y la política de bloques a principios de la década de 1980, los elevados niveles de objeción de conciencia e insumisión que se alcanzaron a principios de la d...
La aprobación de la Ley del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) a finales del año pasado en el Parlament es, sin ninguna duda, una magnífica noticia para todas las personas y entidades sensibilizadas por la paz.
En primer lugar, supone un reconocimiento al importante patrimonio de iniciativas ciudadanas por la paz. Algunas de estas iniciativas están bien presentes en nuestra memoria: las movilizaciones contra la OTAN y la política de bloques a principios de la década de 1980, los elevados niveles de objeción de conciencia e insumisión que se alcanzaron a principios de la de 1990, el rechazo al desfile militar en 2000 y las impresionantes movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003. Cabría añadir, sin embargo, que donde se nota esa especial sensibilidad es en cuestiones menos evidentes, por ejemplo el conflicto de Chechenia: se han hecho pocos actos públicos en nuestro país respecto a este conflicto en los últimos años. En muchos otros países europeos, ninguno.
Los conflictos piden intervenciones más elaboradas que las simplistas y arcaicas respuestas militares
Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de las ONG por la paz, de los ámbitos de docencia e investigación, y del mundo educativo (formal y no formal), que en conjunto han generado muchos espacios de sensibilidad y complicidad a favor de la paz.
Claro está: empezaba a ser absurdo que a este potencial ciudadano no le correspondiera una actuación gubernamental acorde. Porque, en general, cuando se trata de impulsar cambios significativos en valores y políticas, los poderes públicos suelen esconder su falta de acción con la consideración de que la sociedad no está madura, de que no permite ir más deprisa. En el caso de la paz, la situación ha sido exactamente la contraria: la sociedad ha ido muy por delante de la política oficial. Aún más a favor, por lo tanto, de que desde los organismos públicos se realizara una labor en favor de la paz.
En algunos casos, se ha hecho (y se hace) mal: promoviendo industrias con finalidades militares o permitiendo espectáculos de apología militarista en espacios lúdicos e infantiles. Pero hay un aspecto fundamental en el que se ha avanzado mucho y es justo reconocerlo: crear una incipiente política pública de paz. Con la Ley de Fomento de la Paz, la creación del Consejo Catalán de Fomento de la Paz, el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el nacimiento de la Oficina de Fomento de la Paz y los Derechos Humanos, se han abierto posibilidades impensables hace 10 años.
Y en este contexto, la creación del ICIP supone el paso más significativo y relevante, constituyendo el mejor icono de todo este proceso. El ICIP puede fortalecer y sustanciar los principios genéricos de paz y diálogo subyacentes en la sociedad catalana, y realizar una pequeña pero necesaria aportación en el escenario mundial. El ICIP, un organismo con financiación pública pero sin dependencias gubernamentales en sus órganos de dirección, es una aportación novedosa en el sur de Europa, aunque con interesantes ejemplos en otras latitudes, como el SIPRI, sueco, o el PRIO, noruego.
Hay quien considera que esta especial sensibilidad de Cataluña a favor de la paz, reforzada con la creación del ICIP, es un signo de incapacidad o flojera. Pero es más bien motivo de orgullo que un país destaque por ser dinámico en iniciativas de paz. Y no porque quede bien, sino porque es necesario. Parece claro que la inestabilidad, las crisis y los conflictos que caracterizan nuestras crecientemente complejas sociedades nos piden intervenciones un tanto más elaboradas y atrevidas que las simplistas, arcaicas y contraproducentes respuestas militares reactivas. Afrontar con garantías de futuro todos estos retos pasa no por perfeccionar los sistemas armamentísticos, sino por ser capaces de generar nuevas condiciones de seguridad, basadas en la profundización democrática, la justicia y el desarrollo, la solidaridad y la inclusión, los derechos humanos y el desarme. El ICIP, con modestia y humildad, pero también con decisión y ambición, podría y debería ser un instrumento más para fortalecer las posibilidades de la paz en un mundo demasiado lastrado por la violencia.
Jordi Armadans es politólogo y director de la Fundación por la Paz.