Medio Ambiente contrató por 480.000 euros a una empresa pública para acabar con el atasco

La Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) recogía en el manifiesto difundido esta semana que el Área de Medio Ambiente había gastado 480.000 euros para acabar con el atasco de expedientes de licencias en dicha área. Es una decisión que puede ser tomada unilateralmente por el gobierno municipal porque se trata de una empresa pública española, TRAGSATEC, con más de 20 años de experiencia en la realización de todo tipo de trabajos en el ámbito agrario y medioambiental. Este periódico intentó ayer en vano hablar con los responsables de la compañía.

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La Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) recogía en el manifiesto difundido esta semana que el Área de Medio Ambiente había gastado 480.000 euros para acabar con el atasco de expedientes de licencias en dicha área. Es una decisión que puede ser tomada unilateralmente por el gobierno municipal porque se trata de una empresa pública española, TRAGSATEC, con más de 20 años de experiencia en la realización de todo tipo de trabajos en el ámbito agrario y medioambiental. Este periódico intentó ayer en vano hablar con los responsables de la compañía.

Según explicó la concejal Ana Botella en el pleno extraordinario sobre el caso Guateque del 28 de noviembre, son unos 1.200 los expedientes que habían llegado a su departamento en 2007, de los que el 75% corresponderían a bares, restaurantes, talleres, centros asistenciales y clínicos. El mismo volumen que en los dos años anteriores, aseguró.

A pesar de la contratación de TRAGSATEC, que Botella llamó "medida de choque", los informes tardan entre ocho y 12 meses en salir del departamento, según los técnicos. "La razón es sencilla: los técnicos de TRAGSATEC hacen informes, pero no los pueden resolver. La resolución, positiva o negativa, la tiene que hacer un funcionario, con lo que el atasco al final es el mismo", explica otro ingeniero municipal, que pide el anonimato. Y lanza una pregunta al aire: "Si se quería agilizar, ¿no se habría podido contratar por el mismo precio a técnicos municipales que pudieran validar expedientes?".

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