Imputados otros ocho promotores por las casas ilegales de Catral
La titular del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que dirige la investigación por la construcción de 1.200 casas en suelo no urbanizable y sin licencia en el término municipal de Catral ha imputado en el sumario a ocho promotores más. Las declaraciones de los nuevos acusados se celebrarán los próximos días 29 enero y 5 de febrero, según recoge una providencia de la magistrada dictada el pasado 14 de noviembre. En esa misma resolución, la juez también solicita a la Consejería de Medio, Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que emita un certificado para aclarar si siete parcelas en ...
La titular del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que dirige la investigación por la construcción de 1.200 casas en suelo no urbanizable y sin licencia en el término municipal de Catral ha imputado en el sumario a ocho promotores más. Las declaraciones de los nuevos acusados se celebrarán los próximos días 29 enero y 5 de febrero, según recoge una providencia de la magistrada dictada el pasado 14 de noviembre. En esa misma resolución, la juez también solicita a la Consejería de Medio, Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que emita un certificado para aclarar si siete parcelas en las que se han levantado edificaciones están ubicadas o no dentro del Parque Natural del Hondo.
La imputación de estos ocho empresarios eleva a 18 el número de personas con supuesta responsabilidad penal en estos hechos por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Los primeros imputados fueron el ex alcalde socialista, José Manuel Rodríguez Leal y tres promotores. A estos se les sumaron luego los cuatro concejales de la junta de gobierno del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal. Los cuatro ediles de la junta de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 también son socialistas. El órgano municipal otorgaba licencias para vallado o casas de labor, pero en realidad los promotores construían viviendas unifamiliares, según recogen diversas actas levantadas por el Seprona.
La investigación del caso comenzó en agosto de 2005 a raíz por la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo.