Todos los ingleses tendrán que estudiar hasta los 18 años a partir de 2015
Después de los 16, los jóvenes podrán compaginar su formación con un trabajo
El Gobierno de Gordon Brown quiere que los jóvenes ingleses prolonguen sus estudios hasta los 18 años. La medida, que sólo sería de aplicación en Inglaterra -las competencias sobre Educación están transferidas a los ejecutivos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte-, no deja de ser polémica. Aunque la amplia consulta puesta en marcha recientemente revela un amplio apoyo a la idea de que los jóvenes puedan seguir formándose incluso si han empezado a trabajar.
Pero hay una considerable resistencia a que esos estudios sean obligatorios e incluso hay quien cree que sería perjudicial porque l...
El Gobierno de Gordon Brown quiere que los jóvenes ingleses prolonguen sus estudios hasta los 18 años. La medida, que sólo sería de aplicación en Inglaterra -las competencias sobre Educación están transferidas a los ejecutivos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte-, no deja de ser polémica. Aunque la amplia consulta puesta en marcha recientemente revela un amplio apoyo a la idea de que los jóvenes puedan seguir formándose incluso si han empezado a trabajar.
Pero hay una considerable resistencia a que esos estudios sean obligatorios e incluso hay quien cree que sería perjudicial porque lo que ha de hacer el Gobierno es mejorar la educación hasta los 16 años para evitar que haya tantos jóvenes que abandonan los estudios a esa edad, en lugar de obligar a seguir estudiando a quienes ya no se sienten a gusto en las aulas.
El objetivo de Ed Balls, ministro británico para la Infancia, Escuelas y Familias, es que a partir de 2013 todos los jóvenes deberán seguir recibiendo educación o cursos de aprendizaje hasta que hayan cumplido los 17 años de manera que estudien a tiempo completo o participen en cursos o contratos de aprendizaje si están ya trabajando, están auto-empleados o realizan más de 20 horas de trabajo de voluntariado. En 2015, esas medidas deberían alcanzar a todos los jóvenes hasta cumplir los 18 años.
El objetivo de la medida no es tanto educativo como social, un intento de afrontar el problema de los llamados neet (not in education, employment or training), los 150.000 jóvenes que ni están en la escuela o la universidad, ni están empleados ni participan en cursos de formación.
Pero algunos expertos creen que el proyecto, aunque bien intencionado, es un error. Reform, un emergente centro de estudios londinense en la órbita del centro-derecha, opina que la propuesta "parte del extendido error de creer en el valor del aprendizaje obligatorio para los individuos y la economía".
A su juicio, extender la educación obligatoria hasta los 18 años impone costes a los jóvenes en forma de lucro cesante y reduce su libertad individual; impone costes al conjunto del sistema educativo y de formación que pueden acabar reduciendo su calidad y no está dirigido a los motivos de base que explican el bajo nivel educativo de los menores de 16 años.
Los miembros de Reform discrepan también de la propuesta por el hecho de que se base en términos de objetivos numéricos a cumplir -un sistema muy utilizado por el Gobierno laborista y muy criticado tanto en el ámbito de la educación como en el de la sanidad- y porque supone un aumento del gasto público que a su juicio, si es que fuera necesario, debería destinarse a mejorar la educación de los jóvenes entre cinco y 16 años.
Reform recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también ha cuestionado los beneficios de obligar a estudiar a los mayores de 16 años. "Aunque elevar la participación en la educación es un objetivo importante, no está claro que hacerlo de manera obligatoria sea la mejor manera de conseguirlo", sostiene el organismo que agrupa a las economías más desarrolladas en su último informe sobre la economía británica. "Para los estudiantes que han tenido un nivel bajo y que no están motivados, no está claro qué beneficios van a obtener de seguir recibiendo formación cuando tienen 16 o 17 años", añade el informe de la OCDE.
La LGA (Asociación de Gobierno Local, en sus siglas en inglés) ha recibido muy bien la propuesta del Gobierno, pero también cuestiona la obligatoriedad y, sobre todo, pone en duda que se puedan aplicar medidas coercitivas para obligar a los jóvenes a atender esos cursos educativos o de formación. Especialmente entre los jóvenes que han abandonado los estudios precisamente porque están decepcionados. "Preferiríamos ver incentivos imaginativos antes que el recurso a procedimientos civiles o incluso criminales", opinan las autoridades locales.