La Guardia Civil analiza 180 expedientes ligados a la red
La Guardia Civil se ha incautado durante los 16 registros en domicilios y oficinas municipales de 180 expedientes sobre concesiones de licencias de forma irregular por parte de la trama ahora desentrañada. Los investigadores buscan datos que permitan acreditar que los implicados habrían incurrido en el delito de falsedad documental, al haber legalizado, previo pago, obras que no se ajustaban a la realidad, o al haber alegado para paralizar la concesión, hasta recibir la mordida, defectos inexistentes. No obstante, inicialmente no han sido acusados de este delito.
Los investigadores aún ...
La Guardia Civil se ha incautado durante los 16 registros en domicilios y oficinas municipales de 180 expedientes sobre concesiones de licencias de forma irregular por parte de la trama ahora desentrañada. Los investigadores buscan datos que permitan acreditar que los implicados habrían incurrido en el delito de falsedad documental, al haber legalizado, previo pago, obras que no se ajustaban a la realidad, o al haber alegado para paralizar la concesión, hasta recibir la mordida, defectos inexistentes. No obstante, inicialmente no han sido acusados de este delito.
Los investigadores aún desconocen el monto total que habría cobrado la trama. Las fuentes aseguran que no todos los empresarios tuvieron que pagar la misma cantidad y añaden que el cálculo "es casi imposible", ya que se desconoce con exactitud desde cuándo funcionaba la trama de funcionarios. Ésta era, de hecho, lo que se llama "un secreto a voces" desde hacía años en Madrid.
Las cantidades abonadas van desde los 3.000 a los 18.000 euros. Los montos más elevados correspondían a mordidas exigidas a empresarios de locales de ocio. El contenido de los expedientes será cotejado con las declaraciones de los implicados, de los empresarios pagadores y también con las obras que realmente se hicieron o no en los locales sometidos a la extorsión. También está previsto tomar declaración a los responsables de las firmas de obras y reformas que "aconsejaban" pagar a los dueños de los establecimientos para evitarse problemas y poder abrir o reabrir sus negocios.
Los investigadores aseguran que los hasta ahora detenidos "están bien pillados", gracias, sobre todo, a las escuchas telefónicas autorizadas por el juez, pero también gracias a la grabación que hizo un empresario que se negó a pagar, donde queda claro el chalaneo de las licencias municipales de apertura.