Los altos cargos estarán dos años de 'cuarentena' tras cesar
La restricción existe desde 1995 en la norma estatal
La regulación autonómica sobre las incompatibilidades de los altos cargos incorporará por fin la restricción para ellos de desempeñar determinadas actividades durante los dos años siguientes a su cese y la obligación de comunicar cualquiera otra que inicien en ese período. El Gobierno, que rechazó en 2001 una proposición de ley del PSE-EE en ese sentido, aprobó ayer el proyecto de ley de Principos de Actuación de los cargos públicos. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, presentó el proyecto como una "actualización" necesaria de la normativa vigente, recogida ahora en tres leyes y ...
La regulación autonómica sobre las incompatibilidades de los altos cargos incorporará por fin la restricción para ellos de desempeñar determinadas actividades durante los dos años siguientes a su cese y la obligación de comunicar cualquiera otra que inicien en ese período. El Gobierno, que rechazó en 2001 una proposición de ley del PSE-EE en ese sentido, aprobó ayer el proyecto de ley de Principos de Actuación de los cargos públicos. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, presentó el proyecto como una "actualización" necesaria de la normativa vigente, recogida ahora en tres leyes y dos decretos. El proyecto incorpora nuevas cautelas al ejercicio del cargo público, que serán de aplicación al lehendakari, los consejeros, los altos cargos de la administración y el resto de puestos directivos, eventuales y ligados a órganos consultivos.
El proyecto introduce ahora en la administración vasca una restricción existente desde 1995 en la Ley de Incompatibilidades de la administración del Estado, que en Euskadi no se aplicaba. Ello ha permitido el paso inmediato desde el cargo público a actividades privadas, incluso cuando existía una estrecha relación entre ambos desempeños.
Entre los episodios conocidos están el de los consejeros de Industria, Javier Retegi, y Educación, Inaxio Oliveri, que nada más cesar pasaron a ocupar cargos directivos en el Grupo Mondragón. Casos como el del diputado de Hacienda de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, que se incorporó a una asesoría fiscal, seguirán siendo posibles porque la ley sólo obligará a los cargos del Gobierno. Éstos tendrán que declarar también sus actividades de los dos años anteriores al nombramiento.