La séptima juez del 'caso Fabra' pide el traslado
La investigación está pendiente del informe pericial sobre el incremento patrimonial del jefe del PP en Castellón
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la...
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la que han pasado también cuatro fiscales- en la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y jefe del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.
Noverques es la juez que ha permanecido más tiempo en el puesto. Cuando se hizo cargo del juzgado, en septiembre de 2005, aún había pendientes de realizar muchas diligencias que durante estos dos años se han ido practicando, sobre todo porque, tras el rechazo inicial del juzgado, finalmente han sido admitidas por la Audiencia provincial. Poco antes de la llegada de Noverques a Nules, las acusaciones a Fabra de presuntos delitos contra la administración pública se ampliaron a un posible fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria respecto del ejercicio de 1999. En estos dos años, ha tomado declaración a diputados, senadores y ex ministros, y ha empezado a recibir la documentación de los inspectores fiscales después de que se autorizara investigar el patrimonio de Fabra y de su familia.
La investigación está en un momento crucial ya que el juzgado recibirá en breve el informe de los peritos de Hacienda sobre los ingresos declarados por Fabra y su familia y su incremento patrimonial. El juzgado aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al dirigente del PP para interrogarle sobre el ingreso en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en pequeñas sumas.Al contrario que las dos titulares que la precedieron (las otras cuatro jueces han sido sustitutas), Noverques no se traslada por un ascenso sino que ha solicitado el traslado voluntario a otro juzgado valenciano, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Este traslado puede ser aprobado la próxima semana.
La primera titular del juzgado de Nules que se hizo cargo del caso, Isabel Belinchón, rechazó las querellas del empresario Vicente Vilar, en las que acusaba a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Sin embargo, Belinchón abrió una investigación de oficio ante la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública y protagonizó el primer interrogatorio judicial a Fabra. Poco después, fue ascendida a magistrada y trasladada a Teruel.
Una juez sustituta, Carmen Albert, asumió la investigación de forma interina hasta la incorporación de María Fernanda Lorite, que procedía de Gernika. La juez vasca también ascendió a magistrada y dejó la sede de Nules para ser sustituida por Reyes Gavara, que apenas estuvo un mes. Tras ella llegó Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), quien apenas estuvo dos. Como sustituta, hasta la llegada de Noverques, ocupó la plaza María del Mar Julve.
El Gobierno de Baleares expresó ayer "la voluntad firme", en palabras de su presidente, Francesc Antich (PSOE), de dictar unas normas cautelares de suspensión de determinadas urbanizaciones o moratoria en más de una decena de zonas del litoral y en áreas sensibles. "Se llevarán a cabo" porque si no "vamos al suicidio, llevamos las islas al precipicio", describió Biel Vicens, consejero de Ordenación del Territorio, del Bloc. El frenazo urbanístico, sin embargo, no se aprobará hasta dentro de una o dos semanas, cuando se salven "discrepancias mínimas" con el ala derecha del Ejecutivo. A pesar de la proclamada existencia de "un amplio consenso", no se explicó el contenido del decreto-ley correspondiente, con el detalle de todos los enclaves, desvelado por este diario.