Dos técnicos reconocen a la juez las irregularidades en la urbanización de Ali
Dos técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria ratificaron ayer ante el juez la existencia de supuestas irregularidades en la construcción de una urbanización de chalés en el barrio de Ali de la capital alavesa. Así lo estiman las tres acusaciones populares, personadas en representación del PNV, EA y EB, cuyos abogados asistieron al interrogatorio de ambos testigos por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta. En esta causa se encuentra imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística el anterior concejal de Urbanismo, el popular Jorge Iba...
Dos técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria ratificaron ayer ante el juez la existencia de supuestas irregularidades en la construcción de una urbanización de chalés en el barrio de Ali de la capital alavesa. Así lo estiman las tres acusaciones populares, personadas en representación del PNV, EA y EB, cuyos abogados asistieron al interrogatorio de ambos testigos por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta. En esta causa se encuentra imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística el anterior concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo.
La juez investiga la concesión de una licencia de construcción de siete chalés de alta gama en una parcela en la que sólo se permitía levantar seis. Ayer estaban citados a declarar como testigos cuatro técnicos municipales: el jefe del Servicio de Edificaciones, Javier Villaverde; el arquitecto adscrito a este servicio, Miguel Ángel García-Frescas; la aparejadora Lourdes Arbona y el responsable de zona rural, Evelio Lobera. Al final, sólo declararon los dos primeros. La juez ha postergado la cita de los otros dos hasta el próximo 22 de noviembre, el mismo día en que Ibarrondo debe declararar como imputado.
Tanto Villaverde como García-Frescas asumieron en sus respuestas el contenido de lo que ya expusieron en su día en la comisión de investigación municipal que analizó el caso.
Más de 500.000 euros
El jefe de Servicio de Edificaciones ratificó a la juez su criterio de que en esa parcela de 2.000 metros cuadrados las normas municipales sólo permiten construir seis viviendas unifamiliares, razón por la que no avaló en su momento la concesión de la correspondiente licencia.
García-Frescas, quien firmó un documento favorable a la urbanización, ratificó la decisión que tomó entonces, en una declaración plagada de contradicciones y dudas, según varios asistentes.
En resumen, las acusaciones populares estiman que ayer quedó claro una vez más que la decisión de otorgar la licencia para la construcción de los siete chalés se realizó en contra del criterio de los técnicos municipales. Las viviendas, ya habitadas, se han vendido por una cantidad superior a los 550.000 euros.