El ex alcalde de Gaucín niega que se apropiara de dinero público

El fiscal pide 18 meses de cárcel para Francisco Corbacho

El ex alcalde de Gaucín (Málaga) Francisco Corbacho negó ayer haber usado con fines particulares dinero público del Ayuntamiento en la primera sesión de la vista oral en la que es procesado por presuntos delitos de malversación y prevaricación. La fiscalía, que solicita año y medio de prisión y 13 de inhabilitación, sostiene que durante el año 2002 Corbacho firmó varios mandamientos de pago por un importe total de 200.000 euros y extendió cheques al portador que él mismo firmó y cobró. Corbacho testificó ayer que el dinero iba destinado a comprar unos terrenos "de gran valor" para el Ayuntamie...

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El ex alcalde de Gaucín (Málaga) Francisco Corbacho negó ayer haber usado con fines particulares dinero público del Ayuntamiento en la primera sesión de la vista oral en la que es procesado por presuntos delitos de malversación y prevaricación. La fiscalía, que solicita año y medio de prisión y 13 de inhabilitación, sostiene que durante el año 2002 Corbacho firmó varios mandamientos de pago por un importe total de 200.000 euros y extendió cheques al portador que él mismo firmó y cobró. Corbacho testificó ayer que el dinero iba destinado a comprar unos terrenos "de gran valor" para el Ayuntamiento, y negó que en aquella época pasara apuros económicos ni que gastara el dinero en el casino, como sostiene algún testigo.

Corbacho, elegido por el PSOE y reelegido en 2003 con el PA, dijo que todo obedeció a una operación política para apartarle de la alcaldía urdida por "mentes perversas". Según la fiscalía, Corbacho se negó a convocar un pleno pedido por los grupos políticos para debatir el asunto. La sesión la convocó la secretaria, pero Corbacho la levantó cuando terminó su discurso sin dar la palabra a la oposición, motivo por el que la fiscalía le acusa de prevaricar.

Juárez, sin pasaporte

La titular del Juzgado número 1 de La Línea de la Concepción (Cádiz), Carmen Longo, rechazó el recurso presentado por la defensa del alcalde de esta ciudad, el popular Juan Carlos Juárez, y su concejal, Carlos Ruiz Calama, contra la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salida del territorio nacional dictada para ambos por el llamado caso Roseworld.

Se trata del proceso judicial abierto por dicho juzgado contra ambos políticos por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias tras la venta de unos terrenos municipales. Los hechos se remontan a 2005, cuando la corporación linense adjudicó en una subasta pública cuatro parcelas de suelo municipal de 2,2 hectáreas a la empresa Roseworld, SL, por 12 millones de euros.

"Confío en la justicia y espero, por tanto, que dentro de poco se nos devuelva el pasaporte", afirmó ayer Calama. El letrado de los populares linnenses recurrirá ante la Audiencia de Cádiz.

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