Un juez imputa al presidente de Agbar por coaccionar a una familia numerosa
El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha imputado al presidente de Aguas de Barcelona (Agbar), Jordi Mercader, por un supuesto delito de coacciones a una familia numerosa del barrio de la Trinitat Vella de Barcelona a la que la compañía cortó el suministro de agua durante cuatro meses.
Mercader ha sido citado a declarar como imputado para mañana jueves, tras la presentación de una querella criminal formulada por el cabeza de familia David Molina. En la querella se acusa al presidente de Agbar de coacción por "cortar el suministro de agua a su familia los últimos cuatro meses"...
El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha imputado al presidente de Aguas de Barcelona (Agbar), Jordi Mercader, por un supuesto delito de coacciones a una familia numerosa del barrio de la Trinitat Vella de Barcelona a la que la compañía cortó el suministro de agua durante cuatro meses.
Mercader ha sido citado a declarar como imputado para mañana jueves, tras la presentación de una querella criminal formulada por el cabeza de familia David Molina. En la querella se acusa al presidente de Agbar de coacción por "cortar el suministro de agua a su familia los últimos cuatro meses". El auto, del que ayer se hizo eco la agencia Europa Press, hace referencia a unos hechos ocurridos en 1995, cuando una de las cañerías comunitarias del edificio de la familia Molina-González, formada por el matrimonio y sus tres hijos, provocó un escape de agua por valor de unos 6.000 euros.
Según informó la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, a la que pertenece Molina, Agbar acusó de la avería a este ciudadano y le responsabilizó del consumo producido, a pesar de que su consumo ordinario era de entre 50 y 60 euros mensuales. Ante la negativa de la familia de hacerse cargo de la deuda, a la que la Agencia Catalana del Agua (ACA) le añadió otra por el mismo motivo y que asciende a 2.500 euros, la compañía les cortó el suministro.
Por su parte, la compañía aseguró que no realizará ningún tipo de declaración sobre este asunto hasta que se resuelva definitivamente la tramitación de la querella con un archivo o con la celebración del juicio. Agbar también explicó ayer que no tiene intención de entrar en una guerra dialéctica con los afectados fuera de los tribunales.