La fianza por responsabilidad civil del 'caso Malaya' aboca a los imputados al embargo

Las fianzas que el juez Torres estimó como responsabilidad patrimonial para cada uno de los 86 procesados en el caso Malaya están contribuyendo a ahogar un poco más la situación económica de los imputados en la trama de corrupción urbanística. El nuevo titular del juzgado número cinco de Marbella, el magistrado Óscar Pérez, comenzó la semana pasada a reclamar el pago de estas cantidades con un plazo relativamente corto para satisfacerlas. Entre los que ya han recibido la notificación está el supuesto cerebro de la trama investigada, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, al que se...

Las fianzas que el juez Torres estimó como responsabilidad patrimonial para cada uno de los 86 procesados en el caso Malaya están contribuyendo a ahogar un poco más la situación económica de los imputados en la trama de corrupción urbanística. El nuevo titular del juzgado número cinco de Marbella, el magistrado Óscar Pérez, comenzó la semana pasada a reclamar el pago de estas cantidades con un plazo relativamente corto para satisfacerlas. Entre los que ya han recibido la notificación está el supuesto cerebro de la trama investigada, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, al que se exige el pago de 1.000 millones de euros. Su abogado asegura que no podrá satisfacerlos.

La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, se verá obligada a sufrir un segundo embargo sobre su vivienda para aportar los cuatro millones que le reclaman; y la edil Carmen Revilla, a la que piden 300.000 euros, tendrá que declararse insolvente. Según su defensa, no tiene bienes a su nombre y pasa por apuros económicos.

La mayoría de los imputados a los que les ha llegado la notificación judicial mantiene que les resulta "imposible" satisfacer cantidades tan elevadas de dinero porque ya tienen los bienes embargados o porque carecen de fondos suficientes. Muchos de los abogados han recurrido el auto procesal, alegando que los criterios para calcular estas fianzas son completamente arbitrarios y han pedido al magistrado Óscar Pérez que se haga un cálculo más ponderado.

El juez Torres dejó a su sucesor un auto de procesamiento en el que reclamaba a los procesados más de 5.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Ese dinero constituye una especie de fondo con el que se pagarán las indemnizaciones por el daño ocasionado a la ciudad de Marbella una vez que se celebre el juicio y haya una sentencia.

El abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, confió ayer en el que el nuevo magistrado modifique la petición de 1.000 millones de euros ya que a su defendido le resulta "imposible" satisfacerlos. "La responsabilidad civil es susceptible de cambio, bien sea de oficio, porque se ha interpuesto un recurso o durante el mismo juicio", mantuvo. "No podemos hacer nada porque mi cliente no tiene ese dinero y porque el juez embargó todas sus propiedades y se están vendiendo", añadió. La defensa calcula que los bienes intervenidos a Roca rondan los 100 millones de euros, apenas una décima parte de lo solicitado como fianza.

Blanqueo de capitales

Los 1.000 millones de euros en responsabilidad civil estimados para Roca igualan a la fortuna creada por el empresario de la construcción Bautista Soler, que ocupa el puesto 717 en el listado que elabora cada año la revista Forbes. Soler controla el 15% de Metrovacesa y es presidente del Valencia F.C. desde 2004.

Hasta el momento, el juez también ha pedido al abogado Juan Germán Hoffman, acusado de blanqueo de capitales, el pago de 50 millones de euros. "Como no tiene ese dinero no tendrá más remedio que proceder al embargo", señalan fuentes cercanas al imputado.

El ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, al que solicitan 300.000 euros por un delito de cohecho continuado, también está abocado al embargo. "No puede pagarlo y además es absolutamente injusto porque le calculan como responsabilidad casi 10 veces más de los 36.000 euros que le acusan de haber recibido como pago", explica José Francisco Martínez, su abogado. Según fuentes judiciales, lo normal es que las fianzas se calculen al doble o al triple de la cantidad defraudada.

Los que todavía no han recibido el requerimiento judicial, principalmente porque no tienen su domicilio en Marbella y debe hacerse mediante un exhorto, todavía no se pronuncian sobre lo que harán. En esta situación está la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, a la que reclaman 1,2 millones, o los cincos letrados del bufete madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, a los que se les exige 500 millones de euros.