El Tribunal de Cuentas cierra la investigación sobre Ercros
Tierra sobre un asunto polémico. El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 26 de septiembre el informe de fiscalización del préstamo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió en 1994 al grupo Ercros -entonces en suspensión de pagos-, por importe de 8.500 millones de pesetas, de los que sólo se recuperaron 1.100 millones.
Según el informe, aprobado con cuatro votos particulares que discrepan de la mayoría, el préstamo -un crédito participativo sin interés- fue en realidad una subvención ya que las condiciones lo hacían "prácticamente incobrable" desde el principio.
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Tierra sobre un asunto polémico. El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 26 de septiembre el informe de fiscalización del préstamo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió en 1994 al grupo Ercros -entonces en suspensión de pagos-, por importe de 8.500 millones de pesetas, de los que sólo se recuperaron 1.100 millones.
Según el informe, aprobado con cuatro votos particulares que discrepan de la mayoría, el préstamo -un crédito participativo sin interés- fue en realidad una subvención ya que las condiciones lo hacían "prácticamente incobrable" desde el principio.
El Gobierno del PP acordó con Ercros, en 1998, el rescate del crédito. Ercros devolvió sólo 1.100 millones de pesetas y la polémica fue inmediata. La razón, simple: en el Ejecutivo que tomó la decisión se sentaba, como ministro de Industria, el que había sido presidente del grupo beneficiado Josep Piqué.
La decisión del Gobierno del PP provocó duros enfrentamientos con el PSOE, que exigió una investigación. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas llegó a apoyar la petición, pero el Tribunal la rechazó en 2000. Posteriormente, en mayo de 2005, la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas acordó ampliar la fiscalización de la operación.
El resultado fue aprobado el 26 de septiembre y la conclusión es que el cobro del préstamo concedido a Ercros "dependía de la voluntad de pago de la prestataria", una circunstancia "conocida en el momento de su concesión" que convierte la operación "aunque jurídicamente" un crédito en una "subvención".