El Poder Judicial propone abrir otro expediente al juez que falló contra madres lesbianas
El juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita se hizo conocido hace unos meses por sentencias y resoluciones en las que expresaba su menosprecio hacia los homosexuales. En julio pasado le abrieron un expediente al magistrado por un caso en el que otorgó la custodia de unas niñas al padre con el argumento de que la madre era lesbiana. La Inspección del Poder Judicial propondrá hoy que se le abra un nuevo expediente por poner trabas a que una mujer adopte a la hija de su esposa.
Ferrín ha retrasado y obstaculizado la adopción desde el principio. Primero designó a la Dirección Gene...
El juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita se hizo conocido hace unos meses por sentencias y resoluciones en las que expresaba su menosprecio hacia los homosexuales. En julio pasado le abrieron un expediente al magistrado por un caso en el que otorgó la custodia de unas niñas al padre con el argumento de que la madre era lesbiana. La Inspección del Poder Judicial propondrá hoy que se le abra un nuevo expediente por poner trabas a que una mujer adopte a la hija de su esposa.
Ferrín ha retrasado y obstaculizado la adopción desde el principio. Primero designó a la Dirección General de Familia de Murcia como defensora judicial de la niña -lo que jamás ocurre cuando el matrimonio es heterosexual- y, después, al ver que la entidad apoyaba la adopción, exigió que "todos" sus psicólogos opinaran sobre la conveniencia de que la pequeña tenga dos madres. "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia normal, compuesta por personas de distinto sexo?", se preguntaba el magistrado en una de sus resoluciones. Más tarde, decidió prescindir de la declaración de los psicólogos y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de matrimonios gays.
Mientras tanto, han pasado ya 16 meses sin que la adopción se pueda llevar a cabo. El matrimonio ha intentado recusar al magistrado por aplicar sus ideas por encima de la ley, pero éste lleva varios meses de baja y la recusación también está parada.
El Poder Judicial propone hoy expedientarlo por estos retrasos injustificados. Como en el otro caso, si finalmente es sancionado, sólo lo será con una multa de 300 a 3.000 euros. Un castigo escaso, según manifestaron en su día algunos miembros de la comisión disciplinaria. El abogado de Vanesa de las Heras había pedido que se expedientara al magistrado por falta "muy grave" -castigada con la suspensión, el traslado o la separación del cargo- y también que se le incapacitara "por razones psíquicas (...) por su repetido fanatismo y desprecio hacia los derechos legales en el ámbito de la familia de las personas homosexuales".