La Fiscalía archiva la denuncia contra la Junta y el Consejo Consultivo por el 'caso Echevarría'

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia presentada por el partido ultra Alternativa Española contra la consejera de Salud, María Jesús Montero, y los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía por autorizar la desconexión del respirador artificial que mantenía con vida a Inmaculada Echevarría, enferma de distrofia muscular y que falleció el pasado marzo en Granada.

El fiscal Luis Alcedo considera que Echevarría "ejerció un derecho" y que los denunciados "estarían exentos de responsabilidad por obrar en cumplimiento de un deber" al no ...

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia presentada por el partido ultra Alternativa Española contra la consejera de Salud, María Jesús Montero, y los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía por autorizar la desconexión del respirador artificial que mantenía con vida a Inmaculada Echevarría, enferma de distrofia muscular y que falleció el pasado marzo en Granada.

El fiscal Luis Alcedo considera que Echevarría "ejerció un derecho" y que los denunciados "estarían exentos de responsabilidad por obrar en cumplimiento de un deber" al no considerar su acción como homicidio consentido. Su argumentación es tajante: "Es la enfermedad directamente, y no la acción de retirar el tratamiento, la que provoca la muerte de Echevarría". Todo apunta a que el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía es el último coletazo del polémico caso de Inmaculada Echevarría, que luchó hasta conseguir una muerte digna la pasada primavera, tras nueve años postrada en una cama a causa de una distrofia muscular progresiva. Nada más producirse su muerte, el partido ultra de ideología católica Alternativa Española denunció a la consejera y al Consejo Consultivo ante la Fiscalía.

El fiscal determina que la retirada de la ventilación que la mantenía con vida es "un cese en el tratamiento", lo que la configura como una conducta omisiva y que no tiene encaje con el artículo 143.4 del Código Penal, que establece una pena de prisión de hasta seis años por cooperar activamente con actos directos a la muerte de otro.

Además, el Ministerio Público estima que los miembros del Consejo Consultivo, que dictaminaron como "adecuada a Derecho" la retirada de la ventilación, no tienen "relación causal con la decisión adoptada". El fiscal considera que el dictamen emitido era facultativo y no vinculante para la Consejería de Salud.

Los obstáculos legales que Inmaculada Echevarría debió superar hasta su muerte fueron numerosos: En noviembre de 2006 dirigió un escrito a la consejera de Salud y al equipo médico que la atendía para conseguir la interrupción de la ventilación mecánica y arguyó los "padecimientos insufribles" que soportaba. La comisión autonómica de Ética e Investigación Sanitaria emitió un informe favorable que aclaraba que "no se ven razones éticas que impidan a los profesionales cumplir la petición de suspensión de desconexión de la ventilación". A continuación, el Consejo Consultivo dictaminó que la negativa al tratamiento de ventilación era "adecuada a derecho". Finalmente, la Consejería de Salud dio vía libre para que el respirador le fuera retirado e Inmaculada Echevarría, que falleció tal y como deseaba. Ahora, el fiscal Luis Alcedo puede haber cerrado este tortuoso camino legal.