El fiscal alerta de que la corrupción se expande por la costa andaluza

El efecto Marbella se extiende impunemente por Málaga y Cádiz; ya "son pocos los municipios que no han sido denunciados". Así lo destaca en su informe anual el fiscal general, que precisa que los ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras". En muchas ocasiones son precisamente las corporaciones locales las denunciadas. Eso ocurrió en Málaga en 66 de las 243 denuncias en 2006. En Cádiz el problema está "fuera de control", como dice el fiscal de Medio Ambiente de la provincia.

Los fiscales destacan el protagonismo que los propios ayuntamientos tie...

El efecto Marbella se extiende impunemente por Málaga y Cádiz; ya "son pocos los municipios que no han sido denunciados". Así lo destaca en su informe anual el fiscal general, que precisa que los ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras". En muchas ocasiones son precisamente las corporaciones locales las denunciadas. Eso ocurrió en Málaga en 66 de las 243 denuncias en 2006. En Cádiz el problema está "fuera de control", como dice el fiscal de Medio Ambiente de la provincia.

Los fiscales destacan el protagonismo que los propios ayuntamientos tienen en el urbanismo ilegal y salvaje que se expande por la costa malagueña. En bastantes casos se emiten licencias municipales en esa provincia contra el criterio de los técnicos, como en Archidona, Alhaurín de la Torre o Tolox.

En Cádiz, la fiscalía abrió el año pasado 77 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. En esa provincia se ha detectado la construcción de promociones ilegales para lavar dinero del narcotráfico o la irrupción de arquitectos y peritos que emiten informes falsos. Ángel Núñez, fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, afirma que "no es exagerado calificar la situación como de fuera de control" y se queja de que las administraciones no ejercen el debido control.

Esa falta de control, concretada a veces en "silencio administrativo", hace que los planes urbanísticos sean "un mero instrumento de regularización" de infracciones cometidas, lo que, unido a que las casas ilegales no son demolidas, provoca "un efecto llamada" para más edificios ilegales de los que la fiscalía ni se entera a veces "por la ineficacia de la Administración".