La fiscalía quiere imputar al arquitecto de la obra en que falleció un trabajador

La Fiscalía de Cádiz quiere conocer el grado de responsabilidad del arquitecto que firmó el proyecto de la obra en la que el martes murió un trabajador. Por eso, ha solicitado la ampliación del auto para imputar también al técnico y que éste sea llamado a declarar. La Fiscalía pretende aclarar, entre otras cosas, si el autor del proyecto se encargó también de la dirección de obras. Según explicó la fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, no hay constancia de los informes en los que deben constar las visitas del arquitecto y sus anotaciones sobre el desarrollo de la obra.

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La Fiscalía de Cádiz quiere conocer el grado de responsabilidad del arquitecto que firmó el proyecto de la obra en la que el martes murió un trabajador. Por eso, ha solicitado la ampliación del auto para imputar también al técnico y que éste sea llamado a declarar. La Fiscalía pretende aclarar, entre otras cosas, si el autor del proyecto se encargó también de la dirección de obras. Según explicó la fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, no hay constancia de los informes en los que deben constar las visitas del arquitecto y sus anotaciones sobre el desarrollo de la obra.

Si el juzgado accede a la petición de la fiscalía, el arquitecto se convertiría en el cuarto imputado en la investigación de este accidente laboral. También lo están los dos constructores y el promotor de la obra, que han sido puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez. Se les acusa de un presunto delito de homicidio por imprudencia y de atentar contra los derechos de los trabajadores por la muerte de Jesús Mera, de 48 años, que cayó de una altura de diez metros mientras trabajaba para una empresa constructora en la que ni siquiera estaba dado de alta.

La familia del fallecido se ha personado como acusación particular en el proceso. Su abogado, Javier García, ha anunciado que, además de las responsabilidades penales y las indemnizaciones para la viuda y los dos hijos de Mera, la acusación estudia pedir "responsabilidades administrativas".

La familia que habita el inmueble donde tuvo lugar el accidente denunció irregularidades en la obra, pero ni la Inspección de Trabajo ni el Ayuntamiento de Cádiz actuaron tras estos avisos.

Incumplimientos

En la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, la vecina denunciante indica incluso que "algunos de los operarios no están dados de alta (...), no cumplen la normativa de prevención de riesgos laborales, no llevan cascos, ni arnés de seguridad". Para el letrado, "podría tratarse de un caso de negligencia, puesto que las administraciones también están para velar por los intereses y derechos de los ciudadanos".

A las denuncias de la familia se suman las del grupo municipal del PSOE de Cádiz, que desde noviembre de 2006 envió una serie de escritos a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), y al edil de Urbanismo, José Loaiza, para advertirles del riesgo de los trabajos.

En algunos de ellos la concejal socialista Carolina Camacho solicita información sobre la licencia de obra de rehabilitación y el proyecto de la intervención. En otros, como el presentado en enero de 2007, Camacho llega a solicitar la supervisión por parte de un técnico "ante las denuncias de los inquilinos del edificio por la falta de rigor en las obras".

Días después, la alcaldesa responde por escrito y asegura que "existen dos licencias de obras menores concedidas y una licencia de obra mayor en trámite, además de haberse girado visita por la Inspección Urbanística, comprobando que las obras ejecutadas hasta ahora corresponden con las licencias solicitadas".

Pese a este intercambio de escritos, Martínez negó conocer estas quejas. "En Urbanismo me han dicho que no hay ninguna denuncia oficial. Es lo que me han dicho, yo no llevo la burocracia del Ayuntamiento. Pero, de todas maneras, no es un accidente provocado por las condiciones del edificio".

El abogado de la familia solicitará también que declaren como testigos el resto de trabajadores, ya que asegura que el fallecido no era el único que no estaba dado de alta. Según García, "los operarios habían entregado su documentación al empresarios, con la creencia de que él les daría de alta automáticamente". Sin embargo, la empresa nunca llegó a formalizar los contratos.

UGT pidió a la justicia que en los puestos de trabajo donde haya "negligencia manifiesta" en materia de seguridad, la justicia actúe con la "máxima contundencia" para erradicar la siniestralidad laboral. El secretario de la federación del Metal, Manuel Jiménez, dijo que es necesario "dar un escarmiento a los empresarios" que no cumplen con las medidas de seguridad, informa Efe.