Ibarretxe convocará su referéndum sin esperar al fin de la violencia de ETA

La vicepresidenta De la Vega advierte de la ilegalidad de la iniciativa - Imaz fija como prioridad la "deslegitimación" de la banda y de Batasuna

La iniciativa soberanista del lehendakari choca tanto con el Gobierno central, que considera ilegal esta consulta (constitucionalmente reservada al Estado), como con las tesis moderadas defendidas por el propio presidente del PNV, Josu Jon Imaz, quien recordó ayer que el principal objetivo de su partido ha de ser la "deslegitimación" de ETA y Batasuna.

Juan José Ibarretxe echó ayer más leña al fuego del PNV. Dando la espalda a la postura defendida por Imaz, el lehendakari recuperó la propuesta del referéndum añadiéndole un factor muy inflamable: su puesta en marcha "exista...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

La iniciativa soberanista del lehendakari choca tanto con el Gobierno central, que considera ilegal esta consulta (constitucionalmente reservada al Estado), como con las tesis moderadas defendidas por el propio presidente del PNV, Josu Jon Imaz, quien recordó ayer que el principal objetivo de su partido ha de ser la "deslegitimación" de ETA y Batasuna.

Más información

Juan José Ibarretxe echó ayer más leña al fuego del PNV. Dando la espalda a la postura defendida por Imaz, el lehendakari recuperó la propuesta del referéndum añadiéndole un factor muy inflamable: su puesta en marcha "exista o no" actividad de ETA. Un postulado rechazado por el propio pacto que sostiene al tripartito vasco. Este acuerdo especifica que dicha consulta sólo podrá celebrarse en ausencia de violencia. "En ese caso habría que esperar que ETA ponga en verde el semáforo para decidir nuestro futuro. Me niego en redondo", explicó Ibarretxe, cuyo partido vive un momento dulce al controlar el Ejecutivo autónomo y las tres diputaciones provinciales.

El desafío del lehendakari, lanzado después de que ETA intentase una matanza en Durango y preparase otro atentado en la costa mediterránea, fue contestado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que recordó que un Gobierno autónomo no tiene capacidad legal para una consulta así.

Editorial en la página 12

Archivado En