El alcalde de Molvízar declarará por supuestas coacciones
El alcalde de Molvízar, Francisco Fermín García (PP), está citado a declarar el próximo 19 de septiembre, en calidad de imputado, en el Juzgado de Instrucción de Motril por supuestos delito de coacciones y contra el derecho de los trabajadores. El juzgado investiga el despido de un trabajador municipal el pasado mayo por negarse supuestamente a votar por correo al PP, según informó el secretario provincial de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández.
El proceso por el despido se abrió a instancias de la Fiscalía por una grabación que aportó el trabajador y en la que se re...
El alcalde de Molvízar, Francisco Fermín García (PP), está citado a declarar el próximo 19 de septiembre, en calidad de imputado, en el Juzgado de Instrucción de Motril por supuestos delito de coacciones y contra el derecho de los trabajadores. El juzgado investiga el despido de un trabajador municipal el pasado mayo por negarse supuestamente a votar por correo al PP, según informó el secretario provincial de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández.
El proceso por el despido se abrió a instancias de la Fiscalía por una grabación que aportó el trabajador y en la que se reflejaba cómo se negaba a votar por correo para que su jefe directo pudiera comprobar que optaba por el PP.
La Fiscalía del TSJA hará público hoy el decreto de incoación de las diligencias de investigación penal que inició de oficio.
De forma paralela, el trabajador, Carlos Jiménez, denunció su despido ante el Juzgado de lo Social de Motril, que celebró la vista el miércoles. El fiscal, adhiriéndose a la petición de la abogada del denunciante, solicitó que el cese se declarase nulo de pleno derecho.
El letrado del Ayuntamiento argumentó que el despido se realizó por la finalización de una subvención otorgada por la Junta de Andalucía para una obra determinada y que no sólo se despidió a ese trabajador, sino a los cinco que estaban en ese momento contratados por el Ayuntamiento para la mejora de una calle.
La defensa y el fiscal consideraron que existían indicios de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y que se pretendió coaccionar a Jiménez con la petición del voto por correo.