La Comunidad se opone a que una menor tutelada aborte pese a que lo ha pedido

La Comunidad de Madrid pondrá todos los medios que estén a su alcance para evitar que una joven tutelada de 17 años y de nacionalidad marroquí aborte, pese a que la adolescente así lo ha solicitado. El PSOE ha denunciado la actitud del Gobierno regional que intenta "mediatizar la voluntad de la mujer" ante la presión de los grupos provida. Mientras, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se limita a decir que se ha seguido el protocolo de actuación para estos casos y que se ha pasado todo el expediente a la Seguridad Social.

La joven se encuentra ingresada en un centro de la organi...

La Comunidad de Madrid pondrá todos los medios que estén a su alcance para evitar que una joven tutelada de 17 años y de nacionalidad marroquí aborte, pese a que la adolescente así lo ha solicitado. El PSOE ha denunciado la actitud del Gobierno regional que intenta "mediatizar la voluntad de la mujer" ante la presión de los grupos provida. Mientras, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se limita a decir que se ha seguido el protocolo de actuación para estos casos y que se ha pasado todo el expediente a la Seguridad Social.

La joven se encuentra ingresada en un centro de la organización Aldeas Infantiles y está embarazada de dos meses, según publicó ayer La Razón. La mujer, que tiene en España un pariente de segundo grado, ha sido remitida a la clínica Dator (especializada en estos temas) donde se someterá a un examen psiquiátrico que determine si puede interrumpir el embarazo. Podría acogerse al llamado tercer supuesto, que autoriza este tipo de intervenciones si se da un caso de grave riesgo para la salud de la madre.

Asuntos Sociales elude informar porque "el caso está abierto", según una portavoz

La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, criticó la actitud del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, ya que está tratando de convencer a la menor "por todos los medios" de que no aborte. "La misión de los responsables de este instituto no es convencer de ese aspecto, sino de informar de todas las posibilidades con que cuenta la madre, entre las que se encuentra, por supuesto, el aborto", criticó Álvarez. La socialista acusó a la Comunidad de Madrid de actuar de forma temerosa ante los grupos de presión provida y recordó que la interrupción del embarazo es "un derecho reconocido por las leyes". "La joven debe tomar la decisión que quiera, sin estar sometida a chantajes. Están intentando mediatizar a la mujer con todo lo que tienen a su alcance. Tendremos que reconvenirles y recordarles cuál es su función", añadió la secretaria del PSOE.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Matilde Fernández, también criticó al Gobierno regional, a quien acusó de someterse a "la presión fundamentalista" de los grupos antiabortistas. "Habrá que recordar la labor del anterior consejero Luis Peral y de la mala política de prevención e información en materia de hábitos sanos en la vida sexual. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva en los últimos años. No se puede gastar tanto dinero en actividades fundamentalistas", concluyó.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales negó a este periódico durante todo el día de ayer el poder hablar con los responsables del IMMF. Una portavoz de la consejería se amparó en que el caso estaba abierto para no facilitar información. Se limitó a decir que la joven fue informada en todo momento de las opciones de que disponía, entre las que se incluye el aborto. Acto seguido, remitió un comunicado sin membrete oficial en el que reiteró que todas las medidas que se adoptan en el ejercicio de tutela y guarda de menores "están orientadas en beneficio e interés del menor".

La Comisión de Tutela del Menor se reunirá el martes 21 y decidirá, a la vista de todo el expediente de la joven marroquí, si autoriza o no la interrupción del embarazo. "El IMMF ofreció alternativas a la menor, apoyo psicológico, y se le han explicado las ayudas que existen y las opciones que puede tomar además del aborto", reiteró la portavoz del Gobierno regional.

El director de Fundación Vida, Manuel Cruz, declaró a Europa Press que no se está permitiendo dar información a la niña "sobre las consecuencias y secuelas de abortar". "De forma habitual, se le piden los exámenes psicológicos a la clínica Dator, cuyo interés es facturar, por lo que no se garantiza la objetividad", añadió Cruz.

Las entidades provida, entre las que se encuentra organizaciones religiosas o ligadas a movimientos antiabortistas, incluida la Fundación Vida, recibieron el 72% de 600.000 euros con que cuentan los fondos de la Red de Madres (433.382 euros). Su objetivo es "financiar proyectos realizados por entidades sin ánimo de lucro dirigidos a atender las necesidades de las jóvenes embarazadas y de las madres y padres sin recursos", según su web. Eso sí, con tintes provida.