El juez cita como imputados a cargos de Fomento por el desplome que provocó seis muertos en Granada
El juez que investiga el desplome de un viaducto de la autovía A-7 en el que murieron seis trabajadores portugueses en Almuñécar (Granada) ha citado a declarar como imputados a dos cargos del Ministerio de Fomento, promotor de la obra, y a representantes de las empresas a las que se encargaron los trabajos. La resolución los considera "presuntamente responsables" de no garantizar la seguridad de los empleados porque nadie se preocupó de supervisar las condiciones de la cimbra (estructura metálica) que se derrumbó el pasado 7 de noviembre de 2007, provocando que las víctimas cayeran al vacío de...
El juez que investiga el desplome de un viaducto de la autovía A-7 en el que murieron seis trabajadores portugueses en Almuñécar (Granada) ha citado a declarar como imputados a dos cargos del Ministerio de Fomento, promotor de la obra, y a representantes de las empresas a las que se encargaron los trabajos. La resolución los considera "presuntamente responsables" de no garantizar la seguridad de los empleados porque nadie se preocupó de supervisar las condiciones de la cimbra (estructura metálica) que se derrumbó el pasado 7 de noviembre de 2007, provocando que las víctimas cayeran al vacío desde 70 metros de altura.
El auto se apoya en un informe de la Inspección de Trabajo que desvelaba que el "colapso" de la estructura tuvo mucho que ver con la ausencia de revisiones y controles de la cimbra. Fomento había adjudicado la obra a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura, que a su vez subcontrató la ejecución del viaducto a la empresa gallega Estructuras y Montajes Prefabricados. Ésta hizo lo propio con la portuguesa Douro Montemuro. En medio de esta maraña de subcontrataciones, no hubo "ningún tipo de control o seguimiento concreto" de la estructura que se derrumbó. El juez instructor concluye de manera "provisional" que el desplome fue precedido del aflojamiento y rotura de un tornillo, descartando que se debiera a una avería eléctrica.
Los cargos imputados son el jefe de demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Oriental y el ingeniero director de las obras en el tramo de la autovía La Herradura-Taramay. También prestarán declaración el jefe de obras y el coordinador de seguridad de la UTE La Herradura, así como tres responsables de la mercantil gallega subcontratada.
Dos años después de la tragedia, ningún familiar de los seis fallecidos continúa presente en la causa. Sólo uno de los heridos, también portugués, sigue en la brecha junto con UGT y CC OO.